En un mensaje cargado de acusaciones, Evo Morales afirmó que, pese a ser tildado de «cadáver político» e «inhabilitado», continúa siendo objeto de ataques, difamaciones e intentos de persecución. Según el exmandatario, estas acciones evidencian el temor de ciertos sectores del Gobierno y del sistema judicial ante su eventual participación en las elecciones. Morales denunció que se utiliza la violencia, el odio y el racismo como instrumentos para frenar su presencia en la contienda electoral, insistiendo en que solo el pueblo debe tener la última palabra.
Morales apuntó directamente a dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes calificó de «de facto», además de acusar a jueces y fiscales de emitir condenas sin respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. El líder del MAS insistió en que su habilitación electoral no debe ser determinada por decisiones judiciales, sino por la voluntad popular expresada en las urnas. También criticó a los medios de comunicación, instándolos a aplicar su código de ética periodística y garantizar el derecho a la réplica y a una cobertura equilibrada.
El expresidente concluyó su pronunciamiento alentando a sus seguidores y a la ciudadanía boliviana a no dejarse influenciar por lo que denominó una «Guerra Jurídica» diseñada para eliminarlo del escenario político. En un contexto electoral cada vez más polarizado, Morales reiteró que su candidatura debe ser definida por el pueblo, y no por estrategias judiciales o políticas impulsadas desde el poder. Este desafío público reaviva el debate sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral, además de las tensiones entre el oficialismo y la oposición en Bolivia.
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