La ciudad minera de Llallagua, en la provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, fue escenario este martes 10 de junio de uno de los episodios más violentos de la historia reciente de Bolivia. Enfrentamientos entre pobladores locales y manifestantes afines al expresidente Evo Morales dejaron al menos 33 heridos, 15 de ellos en estado grave, además de saqueos y un crítico desabastecimiento de alimentos y combustibles. El conflicto se da en el marco de los bloqueos de carreteras iniciados el 2 de junio, profundizando la polarización política a solo dos meses de las elecciones del 17 de agosto.
Desarrollo de los enfrentamientos
Hacia las 11:00, vecinos, comerciantes y transportistas intentaron desbloquear las rutas clausuradas desde hace nueve días por seguidores de Morales, quienes exigen su habilitación como candidato pese a una inhabilitación dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los manifestantes, vinculados al ala “evista” del MAS, respondieron con extrema violencia, utilizando piedras, cachorros de dinamita e incluso armas de fuego, según denuncias del Gobierno.
Los choques se prolongaron por más de cuatro horas, dejando a Llallagua sumida en el caos. La ministra de Salud, María Renée Castro, denunció que los bloqueadores impidieron el paso de ambulancias, dificultando el auxilio de los heridos. Se reportaron intentos de toma de la FELCC y la universidad local, además de saqueos a negocios, lo que obligó a los vecinos a organizar vigilias nocturnas ante la escasa presencia policial.
Reacciones oficiales y acusaciones cruzadas
El presidente Luis Arce calificó la jornada como “una de las más violentas y amargas de nuestra historia reciente”, responsabilizando a Evo Morales por incitar a una “batalla final” para desestabilizar al país. El Gobierno identificó a Raúl Achate y Milán Mamani como cabecillas de los bloqueos, señalando antecedentes por contrabando y robo. La Fiscalía abrió una investigación por terrorismo, mientras que el Ejecutivo denunció los hechos ante organismos internacionales.
Morales, por su parte, no se refirió directamente a los hechos de Llallagua, pero ha defendido los bloqueos como una “lucha digna” frente a lo que califica como una crisis provocada por la gestión de Arce. También ha sugerido, sin pruebas, que su inhabilitación responde a una injerencia extranjera.
Crisis humanitaria y económica
Llallagua, con cerca de 41.500 habitantes, enfrenta ahora una crisis humanitaria. La paralización del transporte ha provocado pérdidas estimadas en 50.2 millones de dólares en el sector agropecuario y 4.7 millones en turismo. La falta de combustible y alimentos ha llevado a muchos a declararse en estado de desesperación.
Llamado urgente a la pacificación
Organizaciones como la Asociación FORJADORES condenaron los actos de violencia y exigieron respeto a los derechos humanos. En un comunicado, instaron al Gobierno y actores políticos a priorizar el diálogo, alertando sobre las consecuencias devastadoras de una posible escalada.
Mientras Llallagua intenta recuperarse, Bolivia se encuentra en una encrucijada marcada por la incertidumbre, la división y una economía al borde del colapso. La resolución pacífica del conflicto es hoy más urgente que nunca.
Redacción central y agencias
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