La Paz, 25 de junio de 2025 – En medio de la angustia que provocó la pandemia, la Ley N° 1392 surgió como un salvavidas para miles de familias bolivianas. Permitió a más de 313.000 personas retirar hasta Bs 15.000 o incluso la totalidad de sus ahorros en las AFP, inyectando más de Bs 1.068 millones a una economía en crisis. Pero hoy, lo que fue un alivio inmediato amenaza con transformarse en un drama silencioso para el futuro de una generación entera. ¿Fue esta ley una respuesta necesaria o el inicio de una jubilación fantasma para miles?
La Ley N° 1392, promulgada en tiempos de desesperación, permitió el retiro parcial o total de aportes previsionales en Bolivia, pero dejó secuelas profundas. A cambio del alivio financiero inmediato, muchos trabajadores perdieron el derecho al Fondo Solidario, un mecanismo que garantiza pensiones mínimas a quienes tienen bajos ingresos. Para miles, ese retiro significó hipotecar su futuro.
Hoy, con la Gestora Pública a cargo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), la situación no ha mejorado. La entidad, que desde 2023 reemplazó a las AFP, aplica estrictamente la Ley N° 065 sin ofrecer alternativas viables para quienes perdieron el Fondo Solidario. En vez de soluciones, hay silencio y desconfianza.
Quienes retiraron sus fondos y quedaron con saldos menores a Bs 10.000 podrían no calificar siquiera para una pensión contributiva. A ellos solo les quedará la Renta Dignidad, de Bs 300 a Bs 350 mensuales, una suma que apenas alcanza para cubrir alimentos básicos, mucho menos para medicamentos, vivienda o emergencias.
La ley permitía recuperar el derecho al Fondo Solidario si se reponía el dinero retirado más los rendimientos perdidos. Pero con un país donde el 80% de la fuerza laboral es informal, esa condición es prácticamente imposible de cumplir.
Un sistema frágil que no se reconstruye
La alta informalidad laboral impide nuevos aportes, dejando a miles sin la posibilidad de cumplir los 120 aportes requeridos para acceder a la Pensión Solidaria de Vejez. Otros, con saldos muy reducidos, solo recibirán pagos únicos que se agotan rápidamente.
La Gestora Pública, lejos de ofrecer soluciones inclusivas, enfrenta denuncias por falta de transparencia y politización. La ciudadanía teme que los recursos destinados a la jubilación sean desviados para cubrir déficits fiscales o financiar proyectos estatales sin control.
Para trabajadores como Andrés Llanos, de 56 años, la incertidumbre es total:
«Trabajé 30 años y ahora me dicen que quizá no tendré pensión. No quiero que mi esfuerzo termine en nada ni que jueguen con mi futuro.»
¿Y ahora qué?
La Ley N° 1392 no fue un engaño, pero su aplicación sin educación previsional, sin campañas informativas y en plena emergencia sanitaria, dejó a la población vulnerable frente a decisiones críticas que hoy lamentan. El Estado ofreció un escape, pero no explicó el costo real.
Bolivia enfrenta un dilema urgente: o reconstruye un sistema previsional más justo, transparente y flexible, o aceptará una crisis silenciosa donde decenas de miles envejecerán sin protección, sin dignidad y sin justicia.
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