En Bolivia, la justicia parece moverse a ritmos que la razón no entiende. El reciente juicio contra Milan Berna, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), reactivado tras más de una década de estancamiento, revela las grietas profundas de un sistema judicial atrapado entre la negligencia y la manipulación política. ¿Cómo se explica que un caso de presunto soborno, descubierto en flagrancia en 2010, recién avance en pleno año electoral?
Milan Berna fue aprehendido en septiembre de 2010 junto a una colaboradora mientras, según la acusación, ofrecían sobornos al entonces director de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez Gómez. El objetivo era asegurar contratos de provisión de asfalto con sobreprecios y comisiones indebidas, que, de acuerdo con la Fiscalía, alcanzaban los 25 dólares por tonelada, dentro de un contrato millonario.
Aunque la acusación formal fue presentada en 2012, el juicio no avanzó hasta abril de 2025, cuando, después de casi 15 años de paralización, el proceso fue reactivado por el Tribunal Cuarto Anticorrupción de La Paz. Durante todo este tiempo, Berna ejerció funciones públicas, ascendió como dirigente en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y fue proclamado como compañero de fórmula del presidente Luis Arce.
El fiscal Hernán Kiffer informó que el juicio se encuentra en la fase de presentación de pruebas documentales y testimoniales, y que será reinstalado el próximo 22 de julio. La reactivación del proceso, justo en el año electoral y cuando Berna aspira a la vicepresidencia, genera suspicacias inevitables. ¿Se trata de un intento por limpiar su situación antes de asumir el cargo? ¿O responde a presiones internas que buscan condicionar su futuro político?
El caso de Berna refleja una situación estructural en Bolivia: la justicia boliviana suele retrasar o paralizar procesos cuando involucran a figuras políticas influyentes. El principio de plazo razonable, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, es vulnerado sistemáticamente, dejando a la ciudadanía en la incertidumbre. La percepción es clara: la justicia castiga rápido a los ciudadanos comunes, pero duerme cuando los poderosos están involucrados.
Mientras tanto, la confianza ciudadana en las instituciones judiciales continúa deteriorándose. La administración de justicia, que debería ser un pilar de la democracia, se ha convertido en muchos casos en un campo de disputas políticas. La democracia boliviana sigue enferma de impunidad, atrapada entre el letargo judicial y los tiempos electorales.
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