El Tribunal de Sentencia de Sacaba marcó un antes y un después al declararse incompetente para juzgar a Áñez en la vía ordinaria, anulando todo lo actuado y disponiendo un juicio de responsabilidades. Ese criterio jurídico —el mismo que la defensa viene alegando desde 2021— abre ahora un escenario ineludible: revisar si el caso “Golpe de Estado II” también fue tramitado en la jurisdicción equivocada.
Hasta ahora, la expresidenta cumple una condena de 10 años de cárcel dictada en La Paz por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Sin embargo, su defensa interpuso un recurso de casación que aguarda resolución en el TSJ de Sucre.
Si bien no existe una fecha programada para la decisión, el antecedente de Sacaba incrementa la presión sobre los magistrados. La opción de ratificar la condena sigue sobre la mesa, pero cobra fuerza la posibilidad de que sea anulada y reenviada a juicio de responsabilidades, lo que podría abrir la puerta a su libertad.
En caso de anulación, la Asamblea Legislativa tendría que autorizar con dos tercios la apertura de un proceso en el Supremo Tribunal, trámite que históricamente ha sido complejo. De esa definición dependerá si Áñez enfrenta un nuevo juicio desde fuera de la cárcel o si permanece privada de libertad.
Así, lo que parecía una condena firme se encuentra en entredicho. El fallo de Sacaba dejó en evidencia que el futuro jurídico de Áñez no está cerrado y que el TSJ en Sucre tiene la última palabra sobre si la exmandataria continúa en Miraflores o recupera la libertad.
Redaccion central La Paz
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