El 19 de septiembre, Mary Carmen Cuéllar Balderas denunció ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) en Santa Cruz a su pareja, Luis Marcelo Arce Mosqueira, por reiteradas agresiones físicas y psicológicas, que derivaron en 12 días de impedimento médico.
La Fiscalía emitió de manera inmediata una orden de aprehensión, en cumplimiento de la Ley 348 que garantiza una vida libre de violencia para las mujeres. Sin embargo, el allanamiento realizado el 22 de septiembre en el domicilio de la pareja no logró dar con el paradero del imputado. Obstáculos como el cambio de cerraduras y la necesidad de secuestrar dispositivos de videovigilancia sugieren intentos de obstrucción y evidencian las limitaciones logísticas de las autoridades frente a casos de alto perfil.
No obstante, a muchas horas del operativo aún no existe confirmación sobre si se aplicó otra medida establecida en la norma para dar con el paradero del denunciado, lo que podría alimentar dudas sobre la celeridad institucional, como señala el abogado penalista Juan Camacho.
Las declaraciones del fiscal general Roger Mariaca, exhortando al imputado a presentarse, y del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, prometiendo cumplir la orden “como en cualquier caso”, buscan proyectar imparcialidad. Incluso el presidente Arce, el 21 de septiembre, sostuvo que “sus hijos deben responder como cualquier ciudadano”. Sin embargo, se mantiene vigente en el colectivo boliviano la percepción de una justicia selectiva.
El desafío es evidente: localizar al imputado en las próximas horas será clave para que no se consolide la narrativa de impunidad. La activación de los protocolos de búsqueda, la aplicación de la Ley de Migración N° 370 y la emisión oportuna de medidas cautelares no solo protegerán a la víctima, sino que reafirmarán el compromiso del sistema judicial con la transparencia y la igualdad ante la ley, según Camacho.
Redacción central Santa Cruz
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