Los más de 700 mil bolivianos ejecutados en el Concejo Municipal de Cochabamba durante la gestión incluyen viáticos, pasajes y dotación de ropa de trabajo. Si bien las partidas están previstas en el Plan Operativo Anual (POA), su pertinencia y transparencia generan debate en plena crisis económica.
El oficialismo ha defendido la dotación de prendas como uniformes institucionales destinados al personal de planta. Sin embargo, sectores críticos advierten que las autoridades electas no pueden beneficiarse de este tipo de gastos, pues su rol es político y de representación, no administrativo. La falta de precisión sobre el destino final de estas compras alimenta la desconfianza ciudadana.
En el caso de los viajes, la normativa obliga a los concejales y funcionarios a presentar informes que detallen objetivos y resultados. No obstante, la mayoría de estos reportes se limitan a enumerar actividades, sin mostrar beneficios concretos para la población. El problema no es solo la legalidad del gasto, sino la ausencia de indicadores que midan su impacto.
La primera instancia de control corresponde a la auditoría interna del propio Concejo. Sin embargo, con la mayoría de Súmate al frente, existe el riesgo de que los informes y descargos se acomoden a la norma en lo formal, sin que exista una rendición real de cuentas.
En un contexto de “épocas flacas”, la transparencia deja de ser un trámite administrativo y se convierte en la garantía mínima de que los recursos públicos no financien privilegios, sino resultados medibles para los ciudadanos, señala el contador público y economista Dante Aparicio.
Redacción central Cochabamba
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