Durante una reciente declaración, Espinoza afirmó que el eventual gobierno de Paz y Lara no pretende suprimir los subsidios estatales, sino reorientarlos hacia las familias más vulnerables, implementando mecanismos de focalización claros y un sistema de transferencias bancarizadas que permita seguimiento y auditoría pública.
“No los vamos a quitar, sino que se van a focalizar en quienes realmente los necesitan”, precisó el asesor, remarcando que el objetivo es mantener el apoyo social sin distorsionar la economía, al tiempo que se transparenta el gasto público.
La propuesta implica un giro en el manejo de la política de subsidios en Bolivia, pasando de un esquema generalizado —donde el Estado subvenciona incluso a sectores que no lo requieren— hacia una política más eficiente y equitativa, en línea con los modelos aplicados en Chile o Brasil, donde las ayudas se entregan mediante transferencias directas y verificables.
De concretarse, esta iniciativa marcaría un cambio de paradigma: de la distribución masiva al uso estratégico y fiscalmente responsable de los recursos públicos, sin desproteger a los sectores más sensibles de la población.
Redacción central La Paz
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