La Fiscalía General del Estado rechazó la denuncia interpuesta por Gregorio Gómez, dirigente de El Alto, contra el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, por la supuesta venta anticipada del oro de las reservas nacionales. El argumento fue la falta de documentación que respalde la denuncia.
Sin embargo, esa documentación —contratos, actas de directorio y reportes de las operaciones— está bajo custodia del propio BCB, que se ampara en el carácter “confidencial” de esas transacciones. En consecuencia, el denunciante no puede acceder a la información necesaria para sustentar el caso.
Gómez anunció que subsanará las observaciones y volverá a presentar la denuncia, aunque admitió que obtener información oficial “es casi imposible”.
Pese a que el hecho fue admitido por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el propio Banco Central, la Fiscalía no abrió investigación de oficio, lo que genera críticas de juristas y sectores sociales, quienes sostienen que el principio de duda razonable y el interés público bastan para iniciar la indagación.
La Ley del Oro, aprobada en 2023, establece que el BCB puede realizar operaciones con oro solo si mantiene al menos 22 toneladas de respaldo físico, algo que según denuncias habría sido vulnerado con las “ventas adelantadas” realizadas en los últimos meses.
En este escenario, la transparencia podría ser el mejor blindaje institucional y personal.
Si el presidente del BCB no tiene observaciones administrativas ni legales sobre sus actos, facilitar el acceso a la información y permitir una auditoría fiscal sería una señal de responsabilidad pública, señala el economista Gregorio Martínez.
Actuar con claridad no solo fortalecería la credibilidad del Banco Central, sino que le permitiría dejar el cargo con las cuentas claras y sin riesgos de futuras investigaciones, en un contexto donde la confianza en las instituciones financieras del Estado atraviesa su momento más delicado.
Redacción central La Paz
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