Una propuesta técnica impulsada para América Latina y el Caribe busca que los países organicen su gasto público en torno a programas que articulen objetivos, recursos y resultados. El objetivo es claro: fortalecer la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Sin embargo, en Bolivia el debate sobre la calidad del gasto público y la efectividad de las inversiones sigue rezagado, mientras la ejecución presupuestaria continúa dominada por criterios políticos más que por resultados.
La “Metodología para definir la estructura programática del gasto público” constituye una propuesta conceptual y operativa elaborada para fortalecer la capacidad de los países de la región en la gestión del gasto público. El documento plantea un marco técnico que permita organizar el presupuesto en programas coherentes, articulando los recursos con los objetivos de política y los resultados esperados. Con ello se busca vincular el presupuesto con los resultados de política pública, promoviendo mayor eficiencia y transparencia.
La metodología sugiere tres fases principales: la identificación de las intervenciones públicas, la agrupación de las acciones en programas coherentes y la articulación de estos con los instrumentos nacionales de planificación y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En varios países de la región, como Chile, México o Colombia, este enfoque ha permitido mejorar la evaluación del gasto, eliminar duplicidades y orientar los recursos hacia resultados medibles en educación, salud e infraestructura social.
En el caso boliviano, aunque el marco legal —a través de la Ley del Presupuesto y el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)— contempla la noción de presupuestos programáticos, en la práctica el gasto público continúa siendo manejado por partidas y no por resultados. La falta de coordinación entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Economía, junto con la carencia de indicadores de desempeño, impide consolidar un modelo de gestión orientado a resultados.
A esto se suma la fragmentación institucional, la débil capacidad de seguimiento y la opacidad en la rendición de cuentas. Los informes oficiales se concentran en cuánto se gasta, pero rara vez explican qué se logra con ese gasto. Obras inconclusas, programas repetidos y presupuestos inflados son síntomas de una estructura pública que mide ejecución, pero no impacto.
La experiencia internacional muestra que los presupuestos por programas no solo mejoran la eficiencia del gasto, sino que también fortalecen la transparencia, la sostenibilidad fiscal y la confianza ciudadana. Adoptar este enfoque en Bolivia requeriría reformas técnicas y normativas, además de una firme decisión política para transparentar la gestión pública y rendir cuentas sobre los resultados alcanzados.
Mientras América Latina avanza hacia modelos presupuestarios más racionales y transparentes, Bolivia sigue atrapada entre la retórica de la planificación y la realidad de la improvisación. La metodología propuesta ofrece una hoja de ruta concreta, pero su aplicación en el país dependerá de si las instituciones públicas deciden finalmente medir sus logros no en millones gastados, sino en resultados que transformen la vida de los ciudadanos.
Redacción central La Paz
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