Lun. Ago 17th, 2026

Se anuncia cierre de Botrading: piden investigación fiscal por contratos millonarios y presuntas irregularidades

El nuevo gobierno no esperó ni una semana para dar un golpe de autoridad: Rodrigo Paz ordenó el cierre de Botrading S.A., la polémica firma creada por YPFB en Paraguay que se adjudicó 14 contratos por 960 millones de dólares bajo la administración de Luis Arce. Lo que nació como una “empresa estatal de eficiencia” terminó bajo sospecha de sobreprecios y manejo opaco de recursos. Ahora, el Ministerio Público deberá actuar con urgencia para investigar su constitución, sus utilidades y cada contrato firmado en nombre del Estado boliviano.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) confirmó el anuncio de cierre de la empresa Botrading S.A., una subsidiaria de YPFB Refinación y YPFB Logística que, desde Paraguay, se adjudicó 14 contratos por 960,4 millones de dólares para el suministro de combustibles al Estado boliviano.

El cierre fue anunciado como parte de una restructuración del esquema de importación de combustibles, luego de una serie de denuncias y observaciones sobre la constitución, operaciones y manejo financiero de la compañía.

Botrading fue constituida en Paraguay en 2023 bajo una figura público-privada, con el 99% de las acciones a nombre de YPFB Refinación y el 1% de YPFB Logística. Según su registro societario, fue creada para importar combustibles y crudo en beneficio del Estado boliviano, eludiendo restricciones internas que dificultaban la compra directa.

Sin embargo, la falta de claridad en sus operaciones, el origen de su capital inicial —unos 80 millones de dólares transferidos desde YPFB Refinación— y los procesos de adjudicación directa encendieron alertas en la Asamblea Legislativa y en la oposición política.

La empresa llegó a firmar 14 contratos con YPFB por un total de 960,4 millones de dólares, según datos revelados por ANF. A la par, el propio gobierno reconoció que Botrading obtuvo utilidades cercanas a 60 millones de dólares, aunque aún no se ha demostrado el destino final de esos fondos ni su devolución íntegra al Tesoro General del Estado.

Los informes legislativos establecieron además presuntas irregularidades administrativas y financieras, mientras que YPFB defendió la legalidad de la firma asegurando que permitió “romper el monopolio” de las grandes importadoras internacionales y “ahorrar cerca de 300 millones de dólares al país”.

El anuncio de cierre abre la puerta a un proceso de investigación penal y administrativa. Diversos legisladores y analistas exigen que el Ministerio Público actúe con celeridad, revise los 14 contratos y determine responsabilidades en caso de comprobarse contravenciones legales o actos de corrupción.

Portada gentileza de Tinformas

Redacción central La Paz

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