La justicia boliviana vuelve a quedar atrapada en una disputa pública entre sus propias autoridades. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, llamó “carnicero de la democracia” y “esbirro” al titular del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Charles Mejía, después de que este lo acusara de ser un “dictador de la justicia boliviana” y de supuestos antecedentes penales en la cárcel de Palmasola.
La información sobre una presunta reclusión de Saucedo fue mencionada en algunos medios nacionales, pero no existe, por el momento, acceso a ningún registro judicial oficial que confirme ese antecedente. Las denuncias se basan en documentos no públicos difundidos en años anteriores y en declaraciones políticas que hasta ahora no han sido respaldadas por pruebas verificables. Este escenario coloca la acusación en un terreno incierto y la convierte en un elemento más de un conflicto interno que se arrastra desde hace meses.
Lo preocupante no es solo la falta de claridad, sino el efecto político y social del enfrentamiento. En un país donde existe consenso de que la justicia está en su peor momento, este tipo de discursos cruzados deteriora aún más la confianza pública. Las descalificaciones entre autoridades que deberían garantizar imparcialidad, independencia y rigor institucional terminan legitimando la percepción de un sistema debilitado, dividido y sin capacidad real de reformarse.
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Redacción central La Paz
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