La intervención ejecutada en YPFB reveló una presunta estructura ilícita dedicada al desvío de combustibles, según un reporte difundido por el canal estatal . El presidente de la empresa, Yussef Akly Flores, estimó que este esquema habría ocasionado un posible daño económico anual de entre 800 y 1.000 millones de dólares, una cifra oficial por su origen, pero aún preliminar y pendiente de verificación técnica. La estatal dispuso el reemplazo inmediato del personal en las unidades investigadas para no interferir con las pesquisas y garantizar la continuidad operativa en las áreas intervenidas.
Aunque la estimación millonaria tiene respaldo público, todavía no cuenta con una auditoría contable, un peritaje económico ni una tipificación penal que validen formalmente el monto como perjuicio consolidado. Para que este cálculo pueda considerarse evidencia comprobada, será necesario que YPFB presente informes internos de trazabilidad, que la Contraloría revise los datos y que el Ministerio Público valore jurídicamente los hallazgos en el marco de una denuncia formal. El país enfrenta una crisis de producción y abastecimiento de combustibles, lo que hace aún más sensible cualquier irregularidad dentro de la estatal.
YPFB, por su parte, reafirmó su política de tolerancia cero a la corrupción y su compromiso con transparentar el manejo de los recursos energéticos nacionales. La nueva administración señaló que continuará desmantelando la estructura ilícita detectada y colaborará con todas las instancias requeridas para esclarecer los hechos. Mientras las investigaciones avanzan, la denuncia destapa un problema profundo y abre la necesidad de conocer, con datos verificados, la verdadera magnitud del daño que esta red pudo ocasionar al país.
Redacción central Santa Cruz
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