El Decreto Supremo 5503 fue presentado por el Gobierno como el inicio de un “nuevo modelo de país” y un giro histórico en la administración económica. Sin embargo, detrás del relato oficial que habla de estabilidad, modernización y “capitalismo para todos”, persiste una verdad incómoda que el propio Ministerio de Economía evita mencionar: la crisis que llevó al país al borde de la quiebra no nació del subsidio a los combustibles, sino de la corrupción estructural que drenó entre el 30% y 40% del diésel y la gasolina destinados al mercado interno. Si ese desvío se hubiera frenado a tiempo, el impacto fiscal y la actual presión sobre el bolsillo de la población habrían sido significativamente menores.
El Gobierno intenta blindar el decreto presentándolo como un acto de responsabilidad histórica que corrige las fallas del “Estado tranca”, pero ese diagnóstico omite que buena parte de ese Estado fue capturado durante años por redes ilegales, operadores públicos y privados, y sistemas de control manuales sin transparencia. El problema no fue la política de subsidios en sí, sino la incapacidad —o falta de voluntad— de cortar el contrabando, la adulteración, la sobrefacturación y el tráfico de cupos.
Ajustar precios o liberalizar autorizaciones sin una reforma anticorrupción integral significa atacar el síntoma, no la causa.
A esto se suma otro punto que el decreto no aborda: la dependencia total de los combustibles fósiles. Mientras el Gobierno insiste en reorganizar el sistema de abastecimiento, evita mirar alternativas que podrían reducir drásticamente la presión sobre el diésel y la gasolina, como la transición hacia vehículos eléctricos, híbridos o de consumo reducido. “Si el Gobierno quiere un país moderno, que empiece por dejarnos trabajar con tecnología limpia. Un auto que usa menos carburante es un golpe directo a la corrupción”, señala Ariana Torres, administradora de un taller mecánico en la Villa Primero de Mayo de Santa Cruz. Su comentario refleja una visión simple pero estratégica: menos demanda significa menos espacio para mafias y desvíos.
El ministro Gabriel Espinoza afirma que el decreto marca una nueva dirección para Bolivia. Pero mientras no se enfrente la raíz del problema —la corrupción en la cadena de combustibles y la ausencia de una política energética moderna— cualquier reforma será solo un parche más en un sistema que ya demostró sus límites. La verdadera transformación no llegará con discursos ni decretos, sino con controles transparentes, energías alternativas y un Estado capaz de cerrar las grietas por donde se pierde el futuro del país.
Redacción central Santa Cruz
About Author
