La madrugada del 30 de diciembre de 2025, Eduardo Del Castillo fue aprehendido en el aeropuerto Viru Viru cuando se disponía a viajar a Chile, según afirmó, para atender un motivo médico relacionado con su hija menor. La Policía lo acusó inicialmente de obstrucción al ejercicio de funciones públicas, alegando que se habría negado a un control rutinario. Sin embargo, la Fiscalía determinó no presentar imputación formal, lo que permitió que el exministro recupere su libertad de manera irrestricta.
Tras conocerse el fallo, Del Castillo expresó sentirse “muy feliz” y aseguró que “la justicia ha hecho lo correcto”. Recalcó que nunca tuvo intención de abandonar el país y que su viaje respondía únicamente a un tema familiar urgente. “No me he ido, no me voy a ir”, afirmó en medio de un ambiente político marcado por la confrontación después de las elecciones de 2025.
El exministro también denunció que durante el procedimiento policial se vulneraron sus derechos y los de su familia, señalando restricciones a su libertad de locomoción y presuntos episodios de violencia física y psicológica. Anticipó que evalúa iniciar acciones legales contra los funcionarios que participaron en su aprehensión, calificando el hecho como un acto irregular que afectó incluso a su entorno más cercano.
Respecto a las nuevas denuncias que enfrenta —entre ellas la presentada por el gobernador Luis Fernando Camacho, quien lo acusa de secuestro y torturas por hechos vinculados a 2022— Del Castillo afirmó que se presentará ante cualquier autoridad que lo convoque. “No hemos cometido ni un delito”, sentenció, manteniendo su postura defensiva frente a lo que describe como un escenario de persecución política.
Redacción central Santa Cruz
