Tras su aprehensión en Santa Cruz y su traslado a La Paz, el exministro de Obras Públicas Édgar Montaño deberá enfrentar en las próximas horas su audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá si se dispone su detención preventiva, detención domiciliaria u otras medidas sustitutivas, dentro del proceso por presunto daño económico al Estado en la construcción de un tramo de la doble vía El Sillar, que conecta Cochabamba con Santa Cruz.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, adelantó que el Ministerio Público solicitará detención preventiva, al considerar que existen indicios suficientes de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, además de riesgos procesales que podrían afectar el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, el caso implicaría un perjuicio millonario para el Estado por decisiones administrativas y contractuales adoptadas durante la ejecución del proyecto vial.
La investigación no se limita al exministro. Al menos nueve personas más se encuentran bajo indagación, entre funcionarios y otros actores vinculados al proceso de contratación y supervisión de la obra, lo que abre la posibilidad de que el caso escale hacia responsabilidades compartidas dentro de la estructura administrativa que manejó el proyecto. La Fiscalía ha señalado que las diligencias continúan y que no se descartan nuevas imputaciones.
Más allá del plano judicial, el caso tiene un impacto político significativo, al involucrar a una exautoridad de alto nivel de un gobierno que hizo de la infraestructura vial uno de sus principales ejes de gestión. En un contexto de desconfianza ciudadana hacia el uso de recursos públicos, el desenlace de las medidas cautelares será clave para medir la señal que envía la justicia sobre la lucha contra la corrupción en obras estratégicas.
La audiencia cautelar marcará el primer gran filtro judicial del proceso: si el juez avala la detención preventiva, el caso ingresará en una fase de investigación con el principal acusado bajo custodia; si opta por medidas alternativas, la Fiscalía deberá sostener la investigación con el imputado en libertad, bajo restricciones. En ambos escenarios, el proceso se perfila como uno de los más sensibles del año en materia de control al gasto público.
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Redacción central Santa Cruz
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