El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reafirmó esta semana que el Ejecutivo respalda la ley antibloqueos, diseñada para limitar los cortes de vías que afectan la economía y la movilidad, pero garantizando que el derecho constitucional a la protesta pacífica sigue vigente. Lupo enfatizó que la norma busca proteger a la ciudadanía y evitar daños a terceros, sin criminalizar manifestaciones pacíficas, y destacó que la población urbana y comerciantes reclaman orden y fluidez en el tránsito.
En paralelo, han surgido propuestas complementarias, entre ellas la idea de referéndum nacional, planteada por el diputado Carlos Alarcón, proyectista de la ley. Alarcón sostiene que, si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprueba la norma, la ciudadanía debería decidir su vigencia o rechazo, otorgándole legitimidad democrática directa. Otros legisladores evalúan la pertinencia de la consulta y recuerdan que un referéndum requiere procedimientos específicos bajo la Ley del Régimen Electoral y supervisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La percepción social es mixta: sectores urbanos y comerciantes apoyan la ley por el impacto económico de los bloqueos, mientras que organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana (COB) y colectivos de derechos ciudadanos advierten que una aplicación restrictiva podría criminalizar la protesta legítima. La propuesta de referéndum genera interés como mecanismo de participación directa, aunque existe desconfianza sobre si realmente equilibraría poder entre el Ejecutivo y la ciudadanía o sería un instrumento político más.
Los asambleístas y el Gobierno coinciden en que la discusión no solo es legal, sino también política y social. Lupo y miembros del Ejecutivo leen la ley como un instrumento de protección ciudadana y orden público, mientras que los legisladores analizan los riesgos de aprobar la norma sin consulta social. El referéndum aparece como alternativa para otorgar legitimidad, pero su ejecución depende de la voluntad política y del cumplimiento de los procedimientos legales, situando a Bolivia en un debate complejo entre derechos, democracia directa y gobernabilidad.
Redacción central Cochabamba y agencias
