El Decreto Supremo emitido por el presidente Rodrigo Paz autoriza a las entidades financieras a atender solicitudes voluntarias de refinanciamiento, reprogramación, períodos de gracia y prórrogas para clientes cuyos ingresos se hayan visto afectados por bloqueos, conflictos sociales o eventos adversos.
La medida busca aliviar la presión financiera sobre emprendedores, comerciantes, transportistas y otros sectores perjudicados por la paralización económica. Sin embargo, el decreto no implica la entrega directa de dinero ni la condonación de deudas. Su principal efecto es otorgar más tiempo y mejores condiciones para que los afectados puedan cumplir con sus obligaciones financieras.
En paralelo, Samuel Doria Medina respaldó las acciones adoptadas y destacó la creación de un fondo de Bs 100 millones para garantizar créditos por hasta Bs 1.000 millones destinados al sector transporte. No obstante, consideró que la respuesta estatal debería ampliarse con nuevas medidas de apoyo.
Entre sus propuestas figuran créditos sin intereses para la adquisición de insumos y la condonación de tres meses de las facturas de agua y electricidad para las familias de menores ingresos de La Paz y El Alto. Según Doria Medina, el Estado no puede abandonar a quienes sufrieron las consecuencias económicas de los bloqueos y debe actuar con solidaridad frente a una situación que, para muchas familias, tuvo efectos similares a los de un desastre natural.
Sin embargo, mientras el decreto presidencial se basa principalmente en la flexibilización de obligaciones financieras existentes, las propuestas adicionales plantean un desafío distinto: requieren recursos económicos concretos para cubrir subsidios, intereses o ingresos que dejarían de percibir empresas públicas y entidades financieras.
Por ello, el debate económico comienza a trasladarse hacia la sostenibilidad de estas medidas. En un contexto de desaceleración económica, caída de la actividad productiva y menor recaudación tributaria como consecuencia de los bloqueos, diversos analistas consideran que la principal interrogante es cómo financiar nuevos programas de apoyo sin profundizar aún más el déficit fiscal.
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Por Equipo de redacción
