El 17 de agosto de 2025 no fue una elección más. El resultado quebró la continuidad de un modelo político que había dominado Bolivia desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006. La división del MAS terminó de acelerar un desgaste que ya venía acompañado por una crisis económica cada vez más profunda. La izquierda quedó fuera de la segunda vuelta por primera vez en dos décadas y Rodrigo Paz, que había comenzado la campaña lejos de los favoritos, terminó convertido en la sorpresa electoral.
La segunda vuelta terminó de confirmar ese cambio. Paz obtuvo el 54,5% de los votos frente al 45,5% de Quiroga y recibió un mandato que, más que una adhesión ideológica uniforme, expresaba una voluntad de abandonar el ciclo anterior. El nuevo Presidente llegaba al Palacio con la promesa de cambiar la economía, atraer inversión y abrir una etapa distinta para el país.
Pero el país que recibió no era el mismo que el que había recibido el MAS veinte años antes. Paz heredó una economía con déficit fiscal, falta de divisas, reservas debilitadas, inflación, problemas de abastecimiento de combustibles y una estructura productiva golpeada. La magnitud de la crisis hace difícil sostener que un Gobierno pueda revertirla en unos pocos meses. De hecho, las medidas adoptadas por la administración de Paz apuntan a un proceso de estabilización que incluye reformas fiscales, cambio en el régimen cambiario, reducción de subsidios y búsqueda de financiamiento externo. El reciente acuerdo técnico con el FMI por 1.900 millones de dólares está planteado, además, para un programa de 36 meses.
Por eso, hay una parte del argumento oficial que resulta difícil de discutir: no se puede exigir en meses la reparación de una economía que tardó años en deteriorarse. La comparación con los 20 años del MAS tiene sentido como explicación política. La sociedad puede conceder tiempo si entiende que primero hay que estabilizar las cuentas, ordenar el Estado y recuperar la confianza necesaria para que la inversión vuelva.
El problema aparece cuando ese tiempo no viene acompañado de certezas. El ciudadano que soporta la inflación, busca dólares, enfrenta el costo del combustible o ve reducido su ingreso no necesita únicamente saber quién provocó la crisis. Necesita saber cuánto durará el ajuste y cuándo podrá esperar una mejora. Esa diferencia es importante: una cosa es pedir paciencia y otra pedir paciencia sin un horizonte que pueda ser medido.
Ahí empieza a cambiar el clima político. Las protestas que atravesaron al país durante mayo y junio mostraron que parte de la base social que había acompañado el cambio comenzó a exigir resultados e incluso la salida del Presidente. El malestar no necesariamente significa que todos quieran volver al modelo anterior. Puede significar algo más sencillo y más peligroso para cualquier Gobierno: que quienes votaron por el cambio todavía no encuentran en su vida cotidiana una señal suficientemente clara de que ese cambio está funcionando.
La frase que se escucha en la Plaza 10 de Febrero de Oruro—“el Presidente habla y habla, y nada de nada”— resume esa sensación mejor que cualquier encuesta. No es necesariamente una exigencia de milagros ni una negación de la crisis heredada. Es la expresión de una expectativa que empieza a agotarse: la gente ya escuchó el diagnóstico y ahora quiere conocer el resultado.
Y aquí aparece una paradoja para Paz. Su ascenso político estuvo asociado precisamente a una forma de comunicación directa con ciudadanos cansados de los partidos tradicionales. Ahora esa misma sociedad puede convertirse en el juez más severo de su gestión. El discurso que fue suficiente para ganar una elección deja de ser suficiente cuando el ciudadano empieza a preguntarse qué cambió en su bolsillo, en el precio de los alimentos, en el empleo, en el combustible o en el acceso a dólares.
El Gobierno todavía tiene margen para defender que la recuperación será lenta. También puede argumentar que las decisiones más difíciles son justamente las que pueden generar las condiciones para una recuperación posterior. El problema es que ese argumento necesita comenzar a traducirse en resultados iniciales y verificables. La estabilización del tipo de cambio y el acuerdo con el FMI pueden ser señales importantes, pero también implican costos y riesgos que obligan al Gobierno a explicar con precisión qué espera conseguir y en qué plazo.
Por eso, el balance del primer año no debería reducirse a decir que Paz hizo mucho o hizo poco. La cuestión de fondo es si consiguió transformar el mandato electoral en una expectativa razonable de recuperación. El primer año puede ser todavía el tiempo de ordenar la casa; el segundo ya tendrá que comenzar a mostrar que el ordenamiento conduce hacia alguna parte.
Bolivia votó el 17 de agosto de 2025 para cambiar de ciclo. El 19 de octubre confirmó ese mandato y eligió a Paz con el 54,5%. Un año después, la discusión ya no está centrada en si el país necesitaba cambiar. La pregunta que empieza a dominar la calle es si el cambio tiene un rumbo claro y cuándo comenzará a sentirse.
Por Equipo de redacción
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