Thorez, radicado en Bolivia desde 1993 y vinculado durante décadas al desarrollo vitivinícola de Tarija, cuestiona la decisión del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) que dejó sin efecto el registro de su marca “Castel des Andes – Chateau del Inca”.
El empresario sostiene que había recibido el registro de la marca en marzo de 2025 y que posteriormente, en junio de 2026, una resolución administrativa anuló ese derecho tras una demanda de nulidad presentada por otra empresa.
Su defensa cuestiona el cambio de criterio y sostiene que la empresa reclamante habría perdido anteriormente sus derechos sobre la marca. El caso todavía puede ser impugnado y llegar a otras instancias, por lo que jurídicamente se trata de una controversia en curso.
Pero el impacto trasciende la disputa empresarial.
Thorez advirtió que, si un inversionista puede encontrarse con este tipo de incertidumbre después de haber recibido una autorización estatal, “mejor que ningún extranjero venga”, porque sin seguridad jurídica nadie querrá invertir.
La denuncia coloca nuevamente sobre la mesa el concepto de “Estado Tranca”: un Estado que, en lugar de convertirse en facilitador de la inversión, puede terminar generando obstáculos, incertidumbre y costos para quienes arriesgan su capital.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha prometido atraer inversiones y ofrecer reglas claras. El desafío, sin embargo, no está solamente en anunciar incentivos: la seguridad jurídica se construye cuando las instituciones actúan con reglas previsibles, decisiones coherentes y respeto a los derechos adquiridos.
Para un país que necesita capital, empleo y nuevas divisas, la pregunta es inevitable: ¿Bolivia está desmontando el Estado Tranca o simplemente cambió el discurso?
Por Equipo de redacción
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