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Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, lanzó una de las acusaciones más graves contra Evo Morales: lo señaló como jefe de un cártel del narcotráfico que operaría desde el Chapare. No es una imputación política menor: atribuye al expresidente la dirección de una organización criminal. Si el Gobierno tiene elementos para sostener semejante afirmación, debiera presentarlos ante la Fiscalía. La contundencia de una acusación no reemplaza las pruebas.

Los indicios de actividad minera irregular en el Parque Nacional Tunari, en inmediaciones de la cuenca de Misicuni, encendieron las alertas por una posible afectación a una fuente estratégica de agua para Cochabamba. Mientras la AJAM reportó indicios tras una inspección de oficio, el fiscal departamental interino, Dayanne Eddy Ordóñez Tapia, señaló que desconoce formalmente el caso porque no recibió una denuncia. Sin embargo, el artículo 289 del Código de Procedimiento Penal también contempla la actuación fiscal ante información fehaciente sobre la posible comisión de un delito.

Potosí celebra sus 216 años de la gesta libertaria con el primer vuelo exploratorio de Ecojet desde Santa Cruz, presentado por el Gobierno como un paso hacia la integración aérea de la Villa Imperial. Sin embargo, el acontecimiento contrasta con una realidad menos celebrada: obras aeroportuarias todavía pendientes y una crisis de abastecimiento de agua potable que continúa sin una solución estructural. La conectividad aérea se convierte en símbolo de progreso, mientras una necesidad básica de sus habitantes sigue esperando respuestas.

La sequía golpea a siete municipios de Cochabamba y la disputa política ya llegó a la Fiscalía. Joel Flores, asambleísta de APB-Súmate, denunció al gobernador Leonardo Loza por presunto incumplimiento de deberes, pero su decisión abre otra interrogante: si la Constitución y el Estatuto Autonómico facultan a la Asamblea a fiscalizar al Ejecutivo departamental, ¿qué hizo el asambleísta para exigir respuestas antes de judicializar el conflicto? Mientras tanto, las comunidades siguen esperando agua y asistencia.

Nadia Beller solicitó asilo diplomático en México porque, según su testimonio, dejó de confiar en las instituciones bolivianas que debían garantizar su seguridad. La mujer que denunció un atentado y aportó información contra Fernando Cerimedo sostiene que terminó siendo hostigada por la misma Policía que debía protegerla. Con su salida autorizada mediante salvoconducto por el Gobierno de Rodrigo Paz, queda una interrogante de fondo: ¿estará la justicia boliviana en condiciones de esclarecer las denuncias y garantizar que el caso no quede en el camino?

La caída de Ueno Bank en Paraguay puso bajo presión recursos destinados a las jubilaciones: alrededor de US$ 355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) quedaron comprometidos en la entidad financiera, cuyo índice de solvencia cayó por debajo del mínimo legal. Aunque el Gobierno asegura que los jubilados cobrarán con normalidad, la garantía de pago no responde todavía a la pregunta central: quién autorizó esas inversiones, cómo se evaluó el riesgo y cuánto dinero podrá recuperarse.

Rodrigo Paz cumple su primer año en la Presidencia de Bolivia con una agenda marcada por la promesa de transformar la estructura del Estado, redistribuir los recursos públicos, reducir el costo fiscal de los combustibles y abrir el país a la inversión internacional. En un contexto de estrechez económica, los créditos y acuerdos de financiamiento externo también representan un respiro para las finanzas nacionales. En su balance, el Gobierno destaca el impulso al 50-50, el incremento de los bonos sociales, la ampliación de la conectividad educativa, la eliminación de la subvención al diésel, los operativos contra organizaciones del narcotráfico y una política exterior orientada a recuperar la presencia de Bolivia en el escenario internacional. Son los principales hitos que la administración presenta como avances de sus primeros doce meses.

A doce meses de la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, Jaime Dunn pone el foco en un problema que trasciende los resultados económicos: la persistencia de un sistema prebendal y corrupto que, según su diagnóstico, ha capturado al Estado y condiciona incluso la capacidad de acción del actual Gobierno. Mientras el Ejecutivo destaca los logros de su primer año de gestión, el cuestionamiento apunta a una cuestión más profunda: la continuidad de las estructuras de poder que han condicionado el funcionamiento del Estado.

Rodrigo Paz llegó al poder con la promesa de sacar a Bolivia de la crisis y abrir un nuevo ciclo político. Sin embargo, a un año de su Gobierno, enfrenta el riesgo de que la ciudadanía deje de verlo como la solución y comience a asociarlo con los mismos problemas que prometió superar. Samuel Doria Medina advierte sobre el deterioro económico, la falta de autocrítica y, especialmente, una percepción que puede resultar devastadora para cualquier administración: que quienes gobiernan están robando al país. No se trata de una sentencia judicial, sino de una señal de alarma sobre la pérdida de confianza en el poder.

A un año de haber llegado al poder, Rodrigo Paz enfrenta una señal que no puede despachar con explicaciones políticas: su aprobación cae en las tres principales ciudades del eje troncal. Santa Cruz registra un desplome de 50 puntos porcentuales, Cochabamba pierde 33 y La Paz, 24. Los datos de Ipsos Ciesmori muestran que el respaldo inicial no se está consolidando y que la evaluación ciudadana de su Gobierno se deteriora. Si esta tendencia se mantiene, el Presidente podría entrar en una etapa de mayor desgaste político, con menos margen para negociar, impulsar reformas y sostener su agenda gubernamental.