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El Impuesto a las Transacciones (IT) se perfila como el primer tributo que las gobernaciones buscan coparticipar desde 2027 para fortalecer sus finanzas. Sin embargo, la propuesta abre una paradoja: se pretende convertir en la base del nuevo pacto fiscal un impuesto cuya permanencia ha sido cuestionada durante años por economistas y empresarios, al considerarlo distorsivo, generador de doble tributación y un freno para la actividad económica. A ello se suma otro vacío: los cinco puntos aprobados por siete gobernadores carecen de proyecciones financieras, no cuantifican cuánto recauda el IT, cuánto recibiría cada departamento ni el impacto que tendría la medida sobre el Tesoro General de la Nación, dejando el debate más cerca del discurso político que de un análisis técnico.