El caso Senkata ya no solo es un proceso penal: se ha convertido en el espejo de una justicia atrapada entre la Constitución y las presiones políticas. La denuncia del juez David Kasa contra instituciones del propio Estado revela cómo la ambigüedad normativa abre espacio a la subjetivación de la ley y a su uso como arma de poder.
La jueza Lilian Moreno fue aprehendida este lunes en Santa Cruz, tras anular una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en un caso de presunta trata de personas, generando una nueva polémica sobre la independencia judicial y el uso político de la justicia en Bolivia.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió una instructiva que prohíbe a jueces y vocales judiciales intervenir en el calendario electoral rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, advirtiendo con procesos legales y «condena social» a quienes admitan recursos que alteren el proceso.
