El caso Senkata ha puesto nuevamente en el banquillo de los acusados no solo a exautoridades del país, sino a la propia justicia boliviana. El Tribunal Cuarto de Sentencia Anticorrupción de El Alto, presidido por el juez David Kasa, denunció públicamente este 25 de agosto pasado actos de persecución penal y disciplinaria por parte del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia a través del Sepdavi, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el Consejo de la Magistratura, luego de que ese tribunal decidiera anular obrados y disponer que el proceso contra Jeanine Áñez y otros 17 acusados se tramite mediante un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, tal como lo establece la Constitución.
El fondo de la controversia revela cómo la ambigüedad en la interpretación de las normas abre espacio a la subjetivación de la ley y al uso político de la justicia. El Ministerio Público insistió en procesar a Áñez en la vía ordinaria imputándole el delito de genocidio (art. 138 del Código Penal), a pesar de que la tipificación exige probar la intención específica de destruir a un grupo étnico, racial, religioso o nacional, lo cual nunca se demostró. La acusación careció de precisión, incumpliendo el principio de legalidad procesal (art. 109 del CPP), y el tribunal concluyó que, por su condición de expresidenta, el caso debía ser reconducido a un juicio de responsabilidades conforme a los artículos 183 y 184 de la CPE.
La subjetivación de la norma se hizo aún más evidente en la llamada Acción de Libertad promovida por Sepdavi y resuelta por el juez René Foronda en septiembre de 2024, en horario no laboral y sin notificación a las partes, que ordenó reactivar el juicio en 24 horas y procesar a los jueces. Esta actuación vulneró garantías básicas como el debido proceso (art. 115 CPE) y la publicidad procesal, mostrando cómo un instrumento constitucional de protección se convirtió en correctivo político.
Los jueces que aplicaron la Constitución fueron luego denunciados por prevaricato (art. 173 CP), mientras que el Consejo de la Magistratura ejerció presión disciplinaria en contravención del art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, que protege la autonomía jurisdiccional. En la práctica, se castiga a quienes hicieron prevalecer la Constitución y se premia la interpretación interesada de la norma.
El riesgo es mayor: cuando las leyes ambiguas se interpretan a conveniencia, el Estado de derecho se debilita y la justicia pierde su esencia, dice el abogado Ernesto Condori. La imputación de genocidio sin sustento, la elección del fuero ordinario en lugar del constitucionalmente previsto y el uso irregular de acciones constitucionales configuran un patrón de instrumentalización jurídica que erosiona la independencia judicial consagrada en el art. 178 de la CPE y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso Senkata no solo desnuda falencias en la acusación y en el respeto a las garantías procesales, sino que también demuestra que la falta de precisión normativa abre puertas a la manipulación política. Si Bolivia no clarifica conceptos penales sensibles, define de forma estricta las competencias jurisdiccionales y fortalece la protección de jueces frente a presiones externas, la justicia seguirá atrapada en la lógica de la conveniencia coyuntural, señala Condori.
La conclusión es ineludible: el verdadero juicio pendiente no es solo contra Áñez y otros acusados, sino contra un sistema judicial que, al amparo de la ambigüedad normativa, permite que la ley deje de ser un límite para convertirse en un arma política.
Redaccion central LaPaz
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