El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, desmintió este jueves que la Ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fuera sancionada o promulgada, y dijo que los falsos rumores sobre ese tema son un engaño y una mentira de la oposición política y grupos afines a la derecha que tratan de confundir a la población.
“A la fecha no se ha sancionado ni se ha publicado o promulgado la Ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y también de proliferación de armas de destrucción masiva (…). Queremos ser enfáticos con toda la población diciendo que es un engaño, una mentira de la oposición y de ciertos grupos afines a la derecha que tratan de confundir al pueblo”, manifestó en una conferencia de prensa.
La autoridad estatal recordó que la normativa es sometida en este momento a un proceso de socialización con varios sectores a nivel nacional, entre ellos gremiales, transportistas e iglesias evangélicas, en talleres organizados en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba.
Asimismo, Montenegro desmintió, además, la versión de la oposición política de que el Gobierno nacional gestiona la aceleración del instrumento legal, porque necesita créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Totalmente falso, porque justamente hace una semana atrás el Estado Plurinacional de Bolivia ya obtenía $us 500 millones de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si fuese así (la versión) ya hubiéramos tenido que tocar supuestamente las puertas del Fondo Monetario Internacional y eso no es así”, sostuvo.
El representante gubernamental recordó que el país cuenta con distintas líneas de crédito de organismos multilaterales, como el BID, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Banco Mundial, además de que se abren otras oportunidades como los fondos saudí, kuwaití, del Banco de Inversión Asiático y del Banco de Inversión Europeo.
El titular de Economía dijo que el país sólo cuenta en este momento con la denominada Ley Nº 1386 de la Estrategia de la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que por mandato de la normativa legal genera una coordinación entre el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, en las tareas de evaluación de los riesgos que tienen las distintas aristas en la lucha sobre el tema y el trabajo conjunto para el debido proceso y otros aspectos.