Ocho de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han firmado en Bolivia un auto constitucional que declara nula la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que intentó poner fin a la prórroga de sus mandatos. Estos magistrados deberían haber concluido su mandato original el 31 de diciembre de 2023. La decisión se ampara en el auto constitucional plurinacional 0041/2024, emitido en respuesta al recurso de nulidad presentado por el diputado arcista Juan José Jauregui, el cual solicitaba anular la convocatoria hecha por Andrónico Rodríguez, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el pasado 6 de junio.
El presidente Luis Arce Catacora ha promulgado una ley que permite a estos magistrados “autoprorrogados” postularse para cargos en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el propio TCP y el Consejo de la Magistratura. Esta medida ha desatado una ola de críticas y controversias, ya que muchos consideran que los magistrados debieron haber finalizado su mandato original sin la posibilidad de aspirar a nuevos cargos.
Analistas y opositores han cuestionado duramente la conducta de los magistrados, acusándolos de actuar como “juez y parte” al emitir sentencias y autos constitucionales incluso después de la expiración de su mandato. La situación ha generado tensiones en el ámbito legislativo, que ahora debe decidir el futuro de estos altos cargos.
La prórroga de mandato y la posibilidad de postulación de los magistrados se han convertido en temas polémicos en Bolivia, manteniendo la controversia vigente y alimentando el debate sobre la independencia y la ética de las instituciones judiciales del país.
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