Mes: diciembre 2024

El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este martes ser víctima de una «brutal guerra jurídica» orquestada por el gobierno de Luis Arce, con la finalidad de entregarlo a Estados Unidos como «trofeo de guerra». Morales denunció que se le imputan falsos delitos sin pruebas, violando los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, con el objetivo de destruirlo política, moral y físicamente. Afirmó que su verdadero «crimen» fue impulsar una Bolivia Plurinacional y expulsar al embajador estadounidense y sus agencias. En paralelo, la Fiscalía de Tarija lo ha imputado por trata de personas agravada, una acusación que Morales y sus aliados políticos califican como un montaje destinado a eliminarlo del escenario político.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha presentado una imputación formal contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata de personas agravada, emitiendo una orden de aprehensión y solicitando una alerta migratoria. Mientras seguidores de Morales denuncian persecución política, sectores de la oposición celebran la medida como un ejemplo de que nadie está por encima de la ley. El gobierno boliviano, a través del ministro Eduardo Del Castillo, ha defendido la independencia judicial, mientras el abogado de Morales, Nelson Cox, asegura que la acusación carece de fundamento y pruebas

Al cierre de las Elecciones Judiciales del 15 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resaltó la alta participación ciudadana y la ausencia de irregularidades significativas. Más de siete millones de bolivianos estaban habilitados para votar en la tercera elección judicial del país, aunque persisten críticas sobre la falta de información de los postulantes y la obligatoriedad del voto

Este domingo 15 de diciembre, más de 7 millones de bolivianos se acercarán a las urnas para participar en unas elecciones parciales judiciales marcadas por la falta de información sobre los candidatos y una creciente desconfianza en el proceso de selección. Las críticas se han centrado en los denominados «chanchullos», bajas calificaciones y sospechas sobre la autenticidad de posgrados, cuestionando la integridad y transparencia del proceso. Analistas en Bolivia consideran que este modelo de elección, dominado por el partidismo, socava la meritocracia y pone en duda la capacidad y legitimidad de los postulantes, lo que podría afectar la confianza pública en el sistema judicial del país. En tanto, el presidente Luis Arce acudió temprano a votar y pidió a los bolivianos que acudan a las urnas y participen en el proceso de elección, subrayando la importancia de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la democracia

Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, ha recibido la personería jurídica para su partido político, Autonomía para Bolivia (APB-Súmate), del Tribunal Supremo Electoral, oficializando su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2025. Tras recolectar más de 108,000 firmas en solo siete semanas, Reyes Villa subraya su experiencia y propone un gobierno sin venganzas ni presos políticos, destacando la necesidad de reducir ministerios y expandir su apoyo a nivel nacional para alcanzar la victoria.

Bolivia atraviesa un periodo de intensa incertidumbre y polarización política, exacerbado por las controversiales elecciones judiciales, la prórroga de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las tensiones en la Asamblea Legislativa por la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE). En este contexto, la extradición de Maximiliano Dávila y las denuncias de atentado por parte de Evo Morales agravan aún más la situación. Paralelamente, el país enfrenta una severa crisis económica, con una inflación acumulada del 8,82% hasta noviembre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y un significativo incremento en los precios de productos básicos como la carne de res, el arroz y el transporte interdepartamental, generando un impacto profundo en la vida cotidiana de los bolivianos.

En una operación ejecutada con estrictas medidas de seguridad, Maximiliano Dávila fue extraditado a Estados Unidos la madrugada del jueves 12 de diciembre de 2024, para enfrentar cargos de narcotráfico. El traslado, aprobado por la Corte Suprema de Bolivia, se realizó desde el penal de San Pedro hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde el vuelo partió a las 07:00 AM. Mientras el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, destacó el compromiso de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, el expresidente Evo Morales rechazó la decisión, calificándola de violación a la soberanía nacional.

El senador Leonardo Loza criticó severamente la extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos, calificándola como una violación a la soberanía boliviana y acusando al gobierno de Luis Arce de falta de capacidad para impartir justicia en el país. Loza sugirió que la extradición tiene motivaciones políticas destinadas a desprestigiar al expresidente Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS), mientras Dávila enfrenta cargos de narcotráfico y manejo de armas en el extranjero