Esta propuesta ha generado un rechazo significativo por parte de las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras del país. Los empresarios han expresado su «firme y categórico rechazo» a esta disposición, argumentando que vulnera derechos fundamentales como la libertad de producción y comercialización, y que podría generar un entorno propenso a la arbitrariedad y la extorsión de funcionarios públicos
La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, afirmó que desde diciembre de 2022 hasta la fecha se han devuelto $us 1.028 millones a más de 117.000 cuentas, desmintiendo así la existencia de un «corralito» bancario. Espinoza aclaró que en ningún momento la entidad reguladora instruyó la conversión de dólares a bolivianos y destacó la capacidad del Banco Central de Bolivia para atender la demanda de dólares, reflejada en la fluctuación de los fondos en bóvedas bancarias.
El presidente argentino, Javier Milei, ha implementado medidas que podrían afectar significativamente a los estudiantes extranjeros, incluyendo el fin de la gratuidad de la atención médica en hospitales públicos. Estas políticas también endurecen las normas migratorias, dificultando el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Con una población boliviana estimada en cerca de 2 millones de personas en Argentina, el impacto podría ser considerable. Ante esta situación, el gobierno boliviano deberá considerar urgentemente políticas educativas para absorber a los estudiantes que podrían verse obligados a regresar, un desafío que requiere mejorar la infraestructura educativa y ofrecer más oportunidades académicas y profesionales en Bolivia. La pregunta es: ¿Estará Bolivia en condiciones de enfrentar este reto educativo y brindar soporte adecuado a estos estudiantes?
En Bolivia, Curucusi Games S.R.L. es la única empresa autorizada para operar casas de juegos de azar, regulada por la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) y sujeta a los impuestos establecidos en la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar. Sin embargo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0095/2017 ha cuestionado la constitucionalidad de ciertos artículos, generando un debate sobre la necesidad de ajustar la normativa a los estándares constitucionales. Según datos de la AJ al 31 de agosto de 2024, los impuestos nacionales recaudados por el impuesto al juego ascendieron a Bs. 45.414.120 y por el impuesto a la participación al juego a Bs. 10.121.040, cifras que contrastan con los ingresos significativamente mayores registrados en países vecinos como Perú y Paraguay. Esta comparación resalta una oportunidad que Bolivia podría aprovechar en tiempos de crisis económica, ajustando su normativa para mejorar la recaudación y aprovechar el potencial de este sector
El presidente Luis Arce Catacora celebró la sentencia condenatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus cómplices, quienes firmaron inconstitucionalmente 106 contratos de explotación de hidrocarburos sin la debida autorización congresal. Tras 19 años de lucha, Arce destacó que esta decisión envía un mensaje contundente: no habrá impunidad para quienes atenten contra la soberanía y los recursos naturales de Bolivia, que pertenecen de manera indivisible e imprescriptible al pueblo boliviano.
Los conductores de transporte público de Santa Cruz han iniciado un paro indefinido, demandando un aumento en las tarifas del pasaje de 2 a 2,50 bolivianos durante el día y 3 bolivianos por la noche, debido al alza en los costos operativos. El alcalde Jhonny Fernández ha advertido sanciones para quienes acaten el paro, mientras la población enfrenta desafíos diarios y debate la situación en busca de una solución equilibrada.
Nelson Cox, exviceministro de Justicia y abogado de Evo Morales, fue agredido y obligado a abandonar un restaurante en Santa Cruz este fin de semana, en un incidente grabado por testigos y difundido en redes sociales. En los videos, se observa cómo un grupo de personas increpa a Cox, le arroja una bebida en la espalda y lo empuja fuera del lugar, mientras le gritan insultos. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, condenó el acto calificándolo de «intolerancia y violencia», mientras que la oposición ha mostrado reacciones mixtas. Cox, quien ya había enfrentado agresiones en Cochabamba, describió el incidente como un acto «cobarde» y afirmó que no logrará intimidarlo.
