La promulgación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, a través de la Ley 1613, marca un preocupante precedente en la gestión económica y democrática de Bolivia. Por segundo año consecutivo, el Gobierno ha aprobado el presupuesto de manera unilateral, sin el correspondiente debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta falta de diálogo plural refleja una desconexión con las realidades económicas del país y limita la posibilidad de incorporar ajustes necesarios para abordar los desafíos estructurales de la economía boliviana.
El endeudamiento externo autorizado por hasta $us 4.000 millones para apoyo presupuestario y emergencias, sumado a medidas como la disposición adicional que permite el decomiso de productos de la canasta familiar, agrava la incertidumbre financiera y desincentiva la inversión y producción. Según la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), estas decisiones perpetúan un modelo insostenible que pone en riesgo la estabilidad del sector productivo, ya afectado por la crisis inflacionaria, la caída de reservas internacionales y el estancamiento económico.
El diseño del PGE 2025 carece de un enfoque sostenible y realista, según advierte CAINCO. Las decisiones tomadas evidencian una gestión más enfocada en intereses político-partidarios que en soluciones efectivas para reactivar la economía. Esto no solo impacta negativamente al sector privado, sino que también afecta al bienestar del pueblo boliviano, al no priorizar políticas que estimulen la inversión, generen empleo y fortalezcan la seguridad jurídica.
Ante este panorama, CAINCO llama a las autoridades nacionales a retomar un camino de diálogo y consenso que permita implementar políticas económicas coherentes con las necesidades del país. Solo a través de una gestión responsable y transparente, que incluya la participación activa de todos los sectores, será posible superar la crisis actual y construir una economía sólida y sostenible.
About Author
