La disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, vigente desde el 1 de enero, habilita al Gobierno boliviano a implementar acciones de control y decomiso de productos alimenticios ante prácticas especulativas que afecten la estabilidad de precios. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, esta medida se enfoca en combatir el agio y la especulación de intermediarios que almacenan grandes cantidades de alimentos para venderlos posteriormente a precios elevados. Con respaldo legal, las autoridades podrán confiscar productos y comercializarlos a precios justos, protegiendo así la economía de las familias bolivianas.
El Ministerio de Economía defendió esta normativa, destacando que busca garantizar el abastecimiento de productos esenciales y preservar la estabilidad de la canasta familiar. A través de un comunicado, la institución subrayó que la disposición está diseñada para beneficiar directamente a la población, evitando desabastecimientos y encarecimientos injustificados. No obstante, la medida ha generado controversia, ya que expertos cuestionan su inclusión en el presupuesto nacional, argumentando que este debería enfocarse únicamente en temas financieros y no en regulaciones del mercado.
Mientras tanto, sectores críticos señalan que la disposición podría ser utilizada para ejercer un control excesivo sobre el comercio, afectando la dinámica del mercado y generando incertidumbre entre los actores de la cadena de distribución. Además, advierten sobre la posibilidad de que la norma sea aplicada de manera arbitraria, lo que podría derivar en conflictos con comerciantes y productores. Pese a las críticas, el Gobierno ha defendido la medida como una herramienta necesaria para garantizar la seguridad alimentaria y proteger el poder adquisitivo de las familias.
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