El Gobierno ha reforzado las medidas para garantizar la transparencia en el cobro de pensiones en unidades educativas privadas. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, subrayó que la normativa vigente prohíbe cualquier cobro adicional a las 10 cuotas mensuales establecidas. Según la Resolución Ministerial 00001/2025, las instituciones educativas no podrán exigir pagos por concepto de matrícula, reserva de plaza, material educativo, derecho de inscripción u otros gastos administrativos. Esta disposición tiene como objetivo proteger a los padres de familia de prácticas abusivas y garantizar el acceso equitativo a la educación.
La normativa también establece que no se permitirá el incremento en las pensiones escolares durante la gestión educativa 2025. Además, en el artículo 70 de la misma resolución, se prohíbe a las unidades educativas imponer la compra de uniformes y materiales escolares en lugares determinados, marcas específicas o colores exclusivos. Estas medidas buscan evitar presiones económicas indebidas sobre las familias, fomentando un ambiente educativo más inclusivo y respetuoso de los derechos del consumidor.
El viceministro Silva advirtió que cualquier incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a la ley. Las autoridades instaron a los padres de familia a denunciar posibles irregularidades, garantizando que las instituciones educativas que violen la normativa enfrentarán procesos administrativos y sanciones correspondientes. Con estas acciones, el Gobierno busca fortalecer la regulación del sistema educativo privado, asegurando que los derechos de los usuarios sean respetados y que la educación sea accesible para todos los sectores de la población.
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