La controversia por la compra de gorras para las celebraciones del Bicentenario continúa generando reacciones encontradas en Bolivia. La diputada Soledad Pérez y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) denunciaron que el Gobierno habría adquirido más de 20.000 gorras de origen chino, lo que consideran un desprecio a la mano de obra nacional y al esfuerzo de los microempresarios bolivianos. Según los denunciantes, este hecho refleja una falta de compromiso con la promoción de la industria local, particularmente en un contexto donde el sector enfrenta múltiples desafíos económicos.
En respuesta, la ministra de Culturas, Esperanza Guevara, desmintió estas acusaciones, asegurando que solo se adquirieron 300 gorras y que estas fueron estampadas por una empresa nacional. Guevara señaló que la información difundida por Conamype carece de fundamentos y busca confundir a la población. Sin embargo, esta explicación no ha calmado las críticas de los sectores productivos, que exigen pruebas que respalden la versión oficial y cuestionan la transparencia en los procesos de adquisición gubernamental.
Mientras tanto, representantes de Conamype sostienen que el incidente refleja un problema más profundo: la falta de políticas efectivas para priorizar la producción nacional en eventos de importancia histórica. El sector insiste en que el Gobierno debe asumir un rol más activo en la promoción del «hecho en Bolivia», no solo como un acto simbólico, sino como una estrategia para fortalecer la economía local. La polémica sigue escalando, dejando en el aire una pregunta clave: ¿cuál es el verdadero compromiso del Estado con los microempresarios bolivianos?
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