Los sectores empresariales volvieron a dejar plantado al Gobierno al no asistir, por segunda vez, al diálogo sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que faculta el control, fiscalización y posible decomiso de productos en casos de agio y especulación. Representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Exportadores de Bolivia mantuvieron su postura de no dialogar mientras la norma no sea derogada. Para el ministro de Justicia, César Siles, la negativa responde a “posturas políticas radicales” que impiden un acuerdo en beneficio del país.
Pese a la ausencia, el Gobierno insistió en su llamado al diálogo y amplió la convocatoria a nuevos actores económicos. Entre los sectores invitados ahora figuran la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), entre otros. “No nos vamos a quedar con este rechazo, el diálogo tiene que ser constructivo y llevarnos a una solución”, afirmó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
En paralelo, el Ejecutivo anunció una reunión este miércoles con representantes de los gremiales de Bolivia y de El Alto, sectores que también tienen interés en la reglamentación de la disposición. El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, explicó que la intención es generar un control consensuado con los actores económicos. Mientras tanto, la tensión entre el Gobierno y los industriales se mantiene, con el riesgo de que el desacuerdo escale en un conflicto mayor si no se logran acercamientos en los próximos días.
Redacción central y agencias
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