Mar. Mar 25th, 2025

Tensión Fiscal en Bolivia: El Presupuesto General del Estado en el Centro de la Disputa Política

La reciente decisión del Senado boliviano de modificar artículos clave de la Ley Financial del Presupuesto General del Estado desató una fuerte reacción del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien calificó la medida como un «sabotaje a la economía popular». Este episodio refleja no solo la fragilidad de la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, sino también el impacto directo que estas pugnas tienen sobre la gestión de recursos cruciales para enfrentar emergencias en un país que navega entre la polarización política y la presión económica.

La aprobación con modificaciones del Presupuesto General del Estado (PGE) por parte del Senado boliviano encendió una nueva chispa en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, no tardó en reaccionar, calificando la decisión como un “sabotaje planificado” contra la economía popular y un intento de “estrangulamiento de la política fiscal”. Según el gobierno, estas modificaciones no solo retrasan la asignación de recursos vitales para enfrentar crisis como la sequía e incendios forestales, sino que también ponen en riesgo la estabilidad de la política fiscal diseñada para sostener la gestión pública en un contexto económico desafiante.

Detrás de este conflicto subyace una disputa de poder que trasciende la dimensión técnica del presupuesto. Las divergencias al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) y la creciente fragmentación política convierten el PGE en un campo de batalla donde se enfrentan intereses partidarios, cálculos electorales y estrategias de desgaste mutuo. La oposición, junto con un sector disidente del oficialismo, sostiene que las modificaciones buscan mayor transparencia y eficiencia en la distribución de recursos, mientras que el gobierno las interpreta como maniobras para frenar su capacidad de respuesta y debilitar la gestión del presidente Luis Arce.

El impacto de este estancamiento legislativo no se limita al ámbito político. Los gobiernos subnacionales, universidades y sectores productivos dependen de los recursos que el PGE contempla para sostener sus operaciones y enfrentar emergencias. La demora en su aprobación amenaza con agravar las crisis locales, dejando a municipios vulnerables sin los fondos necesarios para atender necesidades urgentes. En un ambiente donde la economía boliviana enfrenta presiones externas e internas, esta pugna por el control del presupuesto refleja cómo la polarización política puede traducirse en riesgos concretos que afectan a la población y en particular a los de escasos recursos económicos.

Redaccion central

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