El empresario Marcelo Claure denunció públicamente un presunto intento de amedrentamiento por parte del gobierno boliviano, tras la solicitud de informacion del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en su academia deportiva en Santa Cruz. Según Claure, el requerimiento no se limita a una simple fiscalización tributaria, sino que forma parte de una estrategia para intimidar a voces críticas del oficialismo. En su cuenta de X, expresó su preocupación por el impacto de estas acciones en los jóvenes atletas, afirmando que el gobierno, en sus últimos meses de gestión, está «cruzando una línea peligrosa» al afectar espacios dedicados al desarrollo deportivo.
La notificación del SIN, fechada el 5 de febrero de 2025, solicita a Profutbol S.R.L., empresa vinculada a Claure, la presentación de documentación contable relacionada con transacciones efectuadas con BAISA S.R.L. durante la gestión 2022. Entre los requerimientos se incluyen notas fiscales, medios de pago, contratos, y registros contables, con un plazo de dos días hábiles para su entrega, desconociéndose si la documentación requerida fue presentada en la administración tributaria o en su caso se solicitó una ampliación para su entrega. El SIN ampara su solicitud en el Artículo 100 del Código Tributario Boliviano, que otorga amplias facultades de control y fiscalización a la administración tributaria. No obstante, la rapidez y el enfoque del procedimiento ha generado en Claure sospechas sobre su verdadera motivación.
Este episodio se produce en un ambiente de alta tensión política y económica en Bolivia, donde la fiscalización a figuras vinculadas a la oposición podría interpretarse como un mecanismo de presión. Claure, conocido por su influencia empresarial y sus posturas críticas hacia el gobierno, ha vinculado este hecho con otras controversias nacionales, como la gestión del litio y la falta de transparencia en contratos estratégicos. La controversia recién comienza y plantea un debate sobre los límites entre el legítimo control fiscal que tiene el Estado y el uso de instituciones públicas para fines políticos, en un año decisivo para el futuro del país.
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