La concentración de operaciones ilegales en Santa Cruz, con 45 intervenciones, refleja una demanda significativa de espacios de juego que excede la capacidad del único operador legal. Esta brecha entre la oferta regulada y la demanda del público podría ser uno de los factores que alimenta el mercado clandestino. La falta de variedad, acceso limitado a locales legales y la percepción de mayor libertad en los espacios informales son elementos que influyen en la elección de los usuarios. Además, los establecimientos ilegales suelen ofrecer condiciones más flexibles, como apuestas mínimas más bajas o juegos no regulados, que atraen a ciertos perfiles de jugadores.
Por otro lado, la fiscalización de Curucisi Games S.R.L., el único operador autorizado en Santa Cruz, demuestra un cumplimiento riguroso de la normativa vigente. Las auditorías integrales y parciales realizadas por la Autoridad de Juegos no hallaron infracciones, lo que podría interpretarse como un ejemplo de gestión eficiente y responsable dentro del sector legal, aunque a este efecto no se considera el cumplimiento tributario. Sin embargo, su monopolio en el mercado legal plantea la necesidad de analizar si una mayor competencia podría fomentar la formalización del sector, ofreciendo a los usuarios más opciones seguras y atractivas, y reduciendo así la dependencia de los juegos ilegales.
El impacto de habilitar más operadores legales va más allá de la simple competencia. Según conocedores del juego de azar, podría generar un círculo virtuoso en el que se fortalezcan los controles regulatorios, se diversifiquen las ofertas de entretenimiento y se mejore la recaudación fiscal. Al ampliar el mercado formal, no solo se reduciría la presencia de operadores ilegales, sino que también se promoverían entornos más seguros para los jugadores, con mecanismos claros de protección al consumidor. Esto, a su vez, contribuiría a desincentivar la participación en actividades clandestinas, donde la falta de regulación expone a los usuarios a riesgos como el fraude o la falta de garantías en el cobro de premios.
En definitiva, de acuerdo a la versión de expertos en el tema, la lucha contra el juego ilegal en Bolivia no puede limitarse a intervenciones y decomisos. Es necesario repensar el modelo actual, evaluando la posibilidad de abrir el mercado a más operadores legales que puedan competir en condiciones justas y transparentes. La regulación efectiva, combinada con una oferta diversificada y accesible, podría ser la clave para reducir el atractivo de los juegos ilegales, transformando el panorama del sector en beneficio del Estado, los operadores legales y, sobre todo, de los propios jugadores, convirtiendo el rubro como cualquier otro entretenimiento.
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