El proceso de socialización de los contratos de explotación de litio en Bolivia ha desatado una creciente incertidumbre, marcada por la falta de consenso entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y sectores sociales de Potosí. Las críticas apuntan a la opacidad en la gestión, presuntas presiones para su aprobación y cuestionamientos sobre los beneficios reales para el país.
El presidente Luis Arce posesionó este miércoles a Zenón Pedro Mamani Ticona como nuevo Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, destacando su trayectoria académica y su experiencia en la gestión pública. Mamani reemplaza a Néstor Huanca y asume el desafío de impulsar la construcción de 53 plantas industriales, parte de un ambicioso plan estatal que supera los Bs 32.000 millones en inversión.
Con apenas un 10% de aprobación, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se ubica en la penúltima posición del ranking de mandatarios latinoamericanos evaluados por la más reciente encuesta de CID Gallup, realizada en enero de 2025. Los resultados reflejan un creciente descontento ciudadano frente a su gestión, marcada por tensiones internas, cuestionamientos económicos y una crisis de confianza en el liderazgo del país andino.
El Decreto Supremo N° 5327, emitido por el gobierno de Luis Arce, introduce un cambio clave en la compensación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) con el Impuesto a las Transacciones (IT), al condicionarla al pago oportuno del primero. Aunque la normativa busca incentivar el cumplimiento tributario, expertos y empresarios coinciden en que su verdadero trasfondo es la necesidad de fortalecer la recaudación fiscal en un contexto de presión económica, asegurando ingresos inmediatos para el Estado y limitando la flexibilidad financiera de los contribuyentes.
En un intento por calmar la creciente tensión con el sector privado, el Gobierno de Bolivia y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron suspender de forma temporal la controvertida disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que habilitaba el decomiso de productos con precios considerados irregulares. El acuerdo busca abrir un espacio de diálogo para revisar la norma y evitar afectaciones a la actividad empresarial.
El abogado del ala “evista” del MAS, Wilfredo Chávez, anunció este martes que iniciará un proceso penal contra el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, acusándolo de mostrar sorna y una posición anticipada negativa hacia la candidatura de Evo Morales. Además de la recusación para apartarlo de decisiones sobre la postulación del exmandatario, Chávez advirtió que los demás vocales también enfrentarán acciones legales si no aceptan la inhabilitación de Tahuichi.
La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) enfrenta el desafío de consolidar a Bolivia como un actor estratégico en la exportación de ganado en pie y genética bovina. Más allá del impulso del sector privado, el éxito de esta agenda dependerá del papel activo del gobierno para dinamizar las exportaciones mediante políticas de apoyo, acuerdos bilaterales y la garantía de seguridad jurídica. Este enfoque no solo busca potenciar la competitividad del sector ganadero, sino también contribuir a la atracción de inversiones y a la generación de divisas, en un contexto donde la escasez de dólares plantea retos para la economía boliviana.
En respuesta a las acusaciones de Marcelo Claure sobre supuestas represalias políticas, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, cuestionó públicamente al empresario: “¿Por qué no tendría que cumplir la parte tributaria del club Bolívar?”. Cazón confirmó que la deuda de 307 mil bolivianos del club está en estrados judiciales tras una impugnación, y defendió la fiscalización a entidades vinculadas, negando que se trate de una persecución política.
En el 244 aniversario de la Gesta Libertaria de Oruro, el presidente Luis Arce afirmó que su gobierno trabaja “pese a quien le pese” para resolver los problemas de manera estructural y avanzar en la industrialización del país. Sin embargo, la realidad en las calles refleja una crisis palpable: escasez de combustible que obliga a los transportistas a improvisar, precios de la canasta familiar en constante alza e incertidumbre por la falta de dólares. Mientras Arce culpa a la oposición por bloquear financiamientos externos, la población enfrenta el impacto directo de una economía asfixiada.
La disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ha encendido el debate en Bolivia al autorizar el decomiso de mercancías como medida para combatir el contrabando. Aunque busca garantizar productos de calidad en el mercado y redistribuir bienes a instituciones públicas, su implementación genera incertidumbre entre comerciantes e inversores, quienes temen un impacto negativo en la producción, el empleo y los precios para los consumidores más vulnerables.
