En un congreso de refundación marcado por la masiva presencia de sectores sociales afines, Evo Morales, ex presidente de Bolivia (2006-2019) y líder histórico del Movimiento al Socialismo (MAS), reafirmó su intención de ser el «candidato único» para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. «Aquí no hay plan B. Cuando hablan del plan B, ese es el imperio del gobierno y de la derecha», declaró ante miles de seguidores en el Trópico de Cochabamba, su bastión político. Con esta consigna, Morales no solo descartó alternativas dentro de su movimiento, sino que lanzó un desafío directo al gobierno de Luis Arce, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las decisiones judiciales que lo inhabilitan para postularse nuevamente.
El discurso, cargado de simbolismo, busca posicionar a Morales como una figura imprescindible en la política boliviana. Al rechazar un «plan B» —que describió como una conspiración discutida por «regiones, departamentos, congresos y sectores sociales»— el líder cocalero apuntó a deslegitimar tanto a sus rivales internos en el MAS, encabezados por Arce y Grover García, como a las instituciones que han restringido su retorno al poder. La sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que limita a dos mandatos presidenciales y lo inhabilita de por vida, y una orden de aprehensión por presunta trata de personas, son obstáculos legales que Morales transforma en combustible político. «El pueblo decidirá», afirmó, sugiriendo que su legitimidad no reside en las leyes, sino en la voluntad de sus bases.
Analistas interpretan estas palabras como una estrategia para mantener su relevancia en un contexto de crisis dentro del MAS y de desgaste personal tras años de escándalos y división. Al proclamarse «Evo presidente», Morales apela a la memoria de sus logros históricos y al fervor de sectores como cocaleros, campesinos e indígenas, mientras envía un mensaje claro: su exclusión de la boleta electoral será vista como un ataque al pueblo, no como un cumplimiento de la norma. «Es una jugada para presionar al TSE y al gobierno, preparando el terreno para una narrativa de persecución si lo inhabilitan», señala la politóloga María Teresa Zegada.
Sin embargo, la viabilidad de su candidatura es incierta. El TSE ha ratificado que acatará la sentencia del TCP, y la orden de aprehensión sigue vigente, aunque no ejecutada debido a la resistencia en el Chapare. Morales podría intentar competir con una «sigla prestada» —como sugirió en diciembre de 2024— o forzar una crisis política con movilizaciones, pero ambas opciones enfrentan límites legales y riesgos de fragmentación del voto oficialista. Por ahora, su discurso parece más un acto de resistencia simbólica que un plan concreto para llegar a la presidencia.
El congreso de refundación, que Morales presentó como un relanzamiento del MAS bajo su liderazgo, agrava la pugna con la facción arcista y pone en jaque la unidad del oficialismo a menos de cinco meses de las elecciones. Mientras el ex presidente clama «somos una fuerza política importante», Bolivia observa si su apuesta por ser el «candidato único» logrará doblegar al sistema o lo relegará a un rol de opositor eterno.
Redaccion central
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