Con más de 452 mil familias afectadas y 136 municipios declarados en emergencia y/o desastre, Bolivia enfrenta una crisis humanitaria y productiva debido a las intensas lluvias. El Gobierno estima que se requieren Bs 722 millones para la atención de los damnificados y la recuperación agrícola, mientras insta al Legislativo a aprobar créditos por $us 350 millones para enfrentar la emergencia.
La solución amistosa entre el Estado boliviano y Manfred Reyes Villa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado expectativas y controversia en el ámbito político. Mientras el gobierno asegura que el acuerdo no implica una indemnización ni la anulación de procesos, sectores de la oposición denuncian un presunto pacto para favorecer al alcalde de Cochabamba. La publicación del informe de homologación de la CIDH será clave para aclarar los términos del acuerdo y disipar especulaciones.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó este martes sobre la grave crisis que enfrenta la producción de soya en Santa Cruz debido a las intensas lluvias. Al menos 50 mil hectáreas han quedado totalmente anegadas y se consideran irrecuperables, lo que representa una pérdida de más de 100 mil toneladas del grano. El presidente de la CAO, Klaus Frerking, advirtió que esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria y las exportaciones del país, por lo que exigió una respuesta inmediata del Gobierno para mitigar el impacto.
El anunciado paro indefinido del transporte en Bolivia quedó en suspenso tras un cuarto intermedio acordado con el Gobierno, pero el conflicto sigue latente. La destitución de Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y compromisos sobre el abastecimiento de combustible y créditos dieron un respiro al sector, aunque los choferes advierten que no bajarán la guardia. Exigen la salida del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, y advierten que, si sus demandas no se cumplen en los próximos días, la medida de presión podría retomarse.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, acusó al Gobierno y al Consejo Nacional de Autonomías de desviar la atención al amenazar con acciones legales contra la Asamblea Legislativa para la aprobación de nuevos créditos, mientras más de $us 2.000 millones permanecen sin ejecutar en caja y bancos. Calificó esta postura como una contradicción y advirtió que el verdadero problema no es la falta de financiamiento, sino la ineficiencia del Ejecutivo en el uso de los recursos ya disponibles.
