La Procuraduría General del Estado ha enfatizado que la solución amistosa, enmarcada en los artículos 48 y 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, busca una reparación integral sin afectar la legalidad de los procesos judiciales internos. Según la entidad, la anulación de la mayoría de los procesos contra Reyes Villa ocurrió previamente, en mayo de 2023, por decisión del Tribunal Constitucional, lo que descarta que el acuerdo tenga relación con esos fallos.
Sin embargo, la controversia no se ha hecho esperar. Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, acusó al presidente Luis Arce de haber pactado con Reyes Villa para eliminar los más de 12 juicios en su contra. Astorga sostiene que el acuerdo incluiría además una compensación económica millonaria y la persecución judicial de quienes promovieron las demandas. Hasta el momento, el gobierno ha rechazado esas afirmaciones, insistiendo en que la solución amistosa no contempla indemnización alguna.
El informe de homologación de la CIDH será determinante para conocer los compromisos asumidos por ambas partes. Hasta que se publique, la información disponible proviene de declaraciones oficiales y especulaciones políticas. Si bien el ministro de Justicia ha afirmado que no hay compensación económica, la oposición exige transparencia y acceso al documento final para verificar la veracidad de esa declaración.
El caso de Reyes Villa ante la CIDH se remonta a 2008, cuando el ex prefecto de Cochabamba denunció persecución política, violaciones a sus derechos fundamentales y falta de garantías procesales en los juicios en su contra. Desde entonces, su defensa ha sostenido que su destitución y los procesos judiciales que enfrentó fueron impulsados con motivaciones políticas, un argumento que ha sido reiterado en los últimos meses a medida que avanzaba la solución amistosa.
A la espera del pronunciamiento final de la CIDH, el caso sigue dividiendo opiniones en Bolivia. Mientras el oficialismo defiende la legalidad del proceso, la oposición insiste en que se trata de un acuerdo político encubierto. La publicación del informe será clave para determinar si, como afirma el gobierno, no hay costos económicos para el Estado o si, por el contrario, existen compromisos aún no revelados.
About Author
