Una nueva controversia ha surgido en Bolivia tras las declaraciones del expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, quien acusó al Gobierno de Luis Arce de intentar ocultar un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyecta un crecimiento económico de apenas 1.1% y una inflación del 15.1% para 2025. El informe, parte de la Consulta del Artículo IV concluida el 2 de mayo, habría sido retenido por el Ejecutivo, según Quiroga, para evitar críticas en un contexto de crisis económica. “Quieren esconder la tragedia económica”, afirmó el exmandatario, recordando un caso similar en 2024, cuando un informe del FMI con datos de 2023 fue publicado con retraso en enero de 2025.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, salió al frente este jueves para desmentir estas acusaciones. En conferencia de prensa, afirmó que el Gobierno ya autorizó la publicación del informe y negó haber solicitado un retraso de 28 días, como sugirió Quiroga. “Es una mentira. Tenemos la potestad de decidir el momento de publicación, como lo hizo el propio Quiroga en su gestión”, señaló Montenegro, acusando al exmandatario de politizar un proceso técnico. El ministro también criticó a la oposición por bloquear créditos internacionales, lo que, según Montenegro, agrava la situación económica.
La disputa pone en el centro el debate sobre la transparencia en la gestión económica. La normativa del FMI permite a los países miembros aprobar la publicación de los informes del Artículo IV, lo que genera percepciones de opacidad cuando los gobiernos retrasan su divulgación. En Bolivia, este episodio no es aislado: en febrero de 2025, Montenegro rechazó un informe del FMI que recomendaba devaluar el boliviano, calificándolo de “desactualizado”. Casos similares se han visto en países como El Salvador, donde el Gobierno ha demorado la publicación de informes, alimentando críticas de falta de transparencia.
Analistas señalan que la capacidad de los gobiernos para condicionar la publicación de estos informes técnicos puede distorsionar el debate público y limitar el acceso a información clave para ciudadanos y mercados. Una reforma al Artículo IV del FMI, que otorgue al organismo mayor autonomía para publicar sus análisis, podría garantizar mayor transparencia, aunque enfrentaría resistencias por cuestiones de soberanía nacional. Mientras tanto, en Bolivia, la pugna entre Quiroga y Montenegro refleja cómo los datos económicos se convierten en un campo de batalla político en tiempos de crisis.
Redacción central
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