El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta una nueva prueba crítica en medio del convulsionado camino hacia los comicios generales de agosto de 2025. Este jueves, el activista Rafael Hurtado Roca, acompañado por la diputada opositora Senaida Rojas, presentó una solicitud formal para anular la personería jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), alegando el incumplimiento de al menos cinco resoluciones emitidas por el ente electoral.
UCS, cuyo máximo representante es el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, es señalado de desobedecer decisiones vinculantes del TSE, lo que, según el Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica, podría justificar su exclusión del proceso electoral.
Rafael Hurtado, conocido por sus acciones legales contra otras fuerzas políticas como el Frente Para la Victoria (FPV) y Pan-Bol, denunció en sus redes sociales que “la inoperancia de Jhonny Fernández le pasa factura a su partido”. La denuncia se suma a un contexto marcado por la judicialización de la política boliviana, donde diversos partidos enfrentan demandas y cuestionamientos en plena carrera electoral.
Desde el propio TSE, algunas voces han alertado sobre el riesgo de este fenómeno. Vocales del organismo afirmaron recientemente que las constantes acciones judiciales reflejan intentos de “ganar en mesa y no en cancha”, lo que podría minar la legitimidad del proceso democrático. En ese sentido, la falta de una ley de preclusión que proteja el proceso electoral de intervenciones judiciales ha sido identificada como una debilidad crítica del sistema.
La polarización política también es un factor que tensa el panorama. A la controversia sobre UCS se suma la reciente inhabilitación de Evo Morales como candidato, lo que ha generado protestas y desconfianza en sectores del MAS y su militancia más radical. Analistas como el politólogo Marcelo Silva advierten que, si el TSE no actúa con imparcialidad y transparencia, la institucionalidad electoral podría entrar en una fase crítica.
En redes sociales, ciudadanos y activistas han expresado sus dudas sobre la capacidad del TSE para garantizar comicios limpios. La cuenta @HInsurgente, entre otras, ha cuestionado la credibilidad del tribunal, al que acusa de actuar bajo presiones políticas y no como árbitro neutral.
Para el abogado constitucionalista Elmer Gómez, “el sistema electoral corre el riesgo de convertirse en un show jurídico-mediático si no se define con claridad quiénes están habilitados y en qué condiciones”. Gómez considera urgente que el TSE recupere la iniciativa y demuestre su autonomía en un contexto donde cualquier señal de parcialidad puede profundizar la crisis.
La presión sobre el TSE crece. Y mientras las denuncias legales se multiplican, el país observa expectante si la autoridad electoral podrá salir airosa del torbellino político y conducir un proceso legítimo y transparente rumbo a las elecciones generales de 2025.
Redaccion central
About Author
