El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una severa advertencia sobre la economía boliviana tras la Consulta del Artículo IV concluida el 2 de mayo, calificándola de «precaria» debido a desequilibrios fiscales y externos que amenazan con desencadenar un «ajuste desordenado» si no se toman medidas urgentes. Sin embargo, el gobierno de Luis Arce ha rechazado las recomendaciones del organismo, insistiendo en que la crisis se debe a factores externos y bloqueos políticos, mientras defiende la continuidad de su modelo económico.
El FMI proyecta un crecimiento económico de apenas 1,1% para 2025, con una inflación del 15,8%, contrastando con las estimaciones oficiales del gobierno (3% de crecimiento y 7,5% de inflación). Según el organismo, el déficit fiscal, que superó el 10% del PIB en 2023-2024, la deuda pública al 95% del PIB y las reservas internacionales «críticamente bajas» reflejan la insostenibilidad de políticas como el tipo de cambio fijo, los subsidios a combustibles (3,7% del PIB) y los controles de precios. Entre sus recomendaciones, el FMI urge una devaluación inicial del boliviano, un ajuste fiscal del 3% del PIB y reformas monetarias para fortalecer el sector financiero.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, autorizó esta semana la publicación del informe del FMI, pero lo calificó de «rezagado» por basarse en datos de 2023. En una conferencia de prensa el 29 de mayo, afirmó que medidas como la liberalización de exportaciones y la devolución de Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) han estabilizado la economía, destacando un patrimonio financiero récord de más de 3 mil millones de dólares. Montenegro atribuyó las dificultades a la falta de liquidez por bloqueos en la Asamblea Legislativa y a shocks externos, como la caída de ingresos por gas natural, rechazando categóricamente una devaluación.
Analistas advierten que la negativa del gobierno a abordar problemas estructurales, como la sobrevaluación del boliviano, podría agravar la escasez de divisas y disparar la inflación, que ya alcanzó el 10% en 2024. En redes sociales, la polarización es evidente: mientras algunos usuarios exigen reformas urgentes, otros defienden el modelo económico del MAS, temiendo que los ajustes propuestos por el FMI golpeen a los sectores más vulnerables.
La tensión entre las recomendaciones del FMI y la postura del gobierno pone a Bolivia en una encrucijada. Con protestas sociales en aumento por la escasez de combustibles y dólares, el país enfrenta el desafío de equilibrar la estabilidad económica con la cohesión social, en un contexto de profunda polarización política.
Redacción central
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