El escándalo, que ha sacudido las bases del sistema judicial boliviano, gira en torno a un audio atribuido a César Siles en el que, presuntamente, dialoga con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, ofreciendo protección a cambio de un fallo que descalifique a Coaquira por supuesta falsificación de certificados docentes. Aunque la autenticidad del audio está bajo análisis forense, constituye una de las principales pruebas, junto a testimonios y documentos recopilados por la Fiscalía General del Estado.
La orden de aprehensión fue emitida el miércoles 18 de junio por una comisión de fiscales liderada por Roberto Almendras, quien justificó la medida ante el riesgo de fuga y la posible obstaculización de la investigación. Además de Siles, ya están aprehendidos el juez Lea Plaza, la exvocal Claudia Castro, el magistrado suplente Iván Campero y el abogado José Ramiro Uriarte. El expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, también está implicado, aunque fue internado por problemas de salud tras renunciar a su cargo.
Al llegar a la FELCC, Siles calificó la orden como “ilegal” y denunció que el audio fue obtenido de forma ilícita, vulnerando su derecho a la privacidad. “No tengo ninguna intención de fugarme del país. Asumiré mi defensa porque las acusaciones son falsas”, declaró, mientras era escoltado por agentes policiales.
Su abogado, Franklin Gutiérrez, adelantó que si la Fiscalía no toma su declaración en el plazo legal de 24 horas, se solicitará su liberación inmediata. Por ahora, Siles permanece en celdas de la FELCC.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, condenó los hechos y los calificó como un “golpe al Órgano Judicial y a la democracia boliviana”. Según Saucedo, la maniobra habría buscado consolidar un control político sobre el TSJ, debilitando la independencia judicial consagrada en el voto ciudadano.
La Fiscalía ha declarado el caso en reserva por 10 días y activó alertas migratorias para impedir la salida del país de los implicados. Mientras se amplía la toma de declaraciones y el análisis de pruebas, el país sigue atento al desarrollo de este caso que amenaza con fracturar la institucionalidad judicial.
Fuera de la FELCC, familiares y amigos del exministro se congregaron en protesta, exigiendo su liberación y argumentando que un audio, por sí solo, no prueba los delitos imputados.
Para analistas, la presunta destitución de Coaquira habría permitido al oficialismo fortalecer su control sobre el TSJ, órgano clave para definir controversias legales y constitucionales.
Redacción central y agencias
Portada RRSS
About Author
