La política boliviana entra en una nueva fase de tensión con denuncias que podrían reconfigurar el tablero electoral rumbo a 2025. Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), denunció públicamente un presunto «pacto de impunidad» entre el presidente Luis Arce y el senador Andrónico Rodríguez. Según Choque, ambos habrían sostenido una reunión secreta donde negociaron respaldo político mutuo, protección judicial y decisiones claves sobre candidaturas y cargos dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
De acuerdo con esta versión, el pacto incluiría asegurar la candidatura presidencial de Andrónico a cambio del compromiso de este último de proteger judicialmente al entorno familiar del presidente, incluyendo a sus hijos y a ciertos ministros que actualmente enfrentan investigaciones. Además, como parte del acuerdo, se habría decidido dejar fuera de la carrera interna del MAS al actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuya popularidad creciente incomodaría a otros liderazgos.
Pero la denuncia va más allá. Choque sostuvo que la reciente aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa no responde únicamente a intereses económicos del país, sino que estaría vinculada a beneficios personales: algunos legisladores identificados como “arcistas” y “androniquistas” habrían recibido compensaciones económicas por su apoyo. Este señalamiento agrava la percepción pública de que la deuda externa se ha convertido en una herramienta de intercambio político en plena crisis económica.
En paralelo, desde el bastión cocalero del Chapare, Evo Morales reapareció con un discurso encendido durante un ampliado de las Seis Federaciones. En tono desafiante, advirtió:
“En vano algunos desde Estados Unidos están planificando que la derecha va a ganar, va a volver. A ver si esa derecha, que si gana, aguanta. Aquí el pueblo está unido para defender su amada Bolivia, su patria”.
La advertencia implícita de Morales sugiere que su sector no aceptará fácilmente una transición política que no pase por sus condiciones. Así, el país se encamina hacia un escenario en que las elecciones generales de 2025 no resolverán el conflicto político, sino que podrían profundizarlo, con actores enfrentados dentro y fuera del oficialismo.
Redacción central con información de RKC
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