La seguridad jurídica fue la gran protagonista del Foro Agropecuario 2025, organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en Santa Cruz. Con una participación decisiva en el PIB nacional —representando el 31,48%—, el sector agropecuario exige reglas claras, protección a la propiedad privada y condiciones estables para invertir y crecer. Pero en un país donde la justicia está secuestrada por intereses políticos, estas exigencias chocan contra una realidad alarmante.
Candidatos presidenciales como Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga y Manfred Reyes Villa asistieron al foro y coincidieron en su discurso: garantizar seguridad jurídica y atraer inversiones. Sin embargo, sus propuestas carecieron de la profundidad necesaria para responder a los verdaderos problemas del sistema judicial boliviano. Doria Medina mencionó “estabilidad jurídica”, Quiroga habló de “liberar el potencial del agro” y Reyes Villa propuso “alianzas con el sector productivo”. Ninguno ofreció una ruta concreta para despolitizar el Órgano Judicial o fortalecer su independencia, dos condiciones fundamentales para que las garantías jurídicas pasen del papel a la realidad.
Mientras tanto, la ausencia del senador Andrónico Rodríguez, vinculado al MAS, fue leída como una señal de indiferencia o continuidad del modelo actual. Bajo este esquema, denuncias de avasallamientos, decisiones judiciales arbitrarias y una creciente inseguridad sobre la tenencia de tierras se han vuelto rutina para los productores cruceños.
La justicia boliviana se ubica en el puesto 133 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional. A ello se suma la prórroga inconstitucional de magistrados y la postergación indefinida de las elecciones judiciales, elementos que deslegitiman aún más al sistema. En este contexto, cualquier promesa de seguridad jurídica se percibe más como un guiño electoral que como una propuesta de gobierno.
Los productores advierten que sin un cambio profundo en la administración de justicia, no habrá condiciones reales para ampliar la inversión agroindustrial ni para asegurar el desarrollo rural. La presión interna y las exigencias de organismos internacionales o socios comerciales —que reclaman garantías legales y sostenibilidad— podrían generar algunas reformas parciales, como leyes sectoriales más protectoras o mecanismos expeditos para la resolución de conflictos. Pero una transformación real del sistema judicial implicaría voluntad política, diálogo nacional y una inversión sostenida que el Estado boliviano ha evitado durante décadas.
A medida que se acercan las elecciones de 2025, los discursos se tornan más persuasivos, pero el escepticismo crece. Mientras el agro exige certezas, los candidatos parecen aún atrapados en una narrativa populista donde prometer es más rentable que cumplir. La verdadera batalla no es solo electoral, sino institucional: Bolivia no tendrá seguridad jurídica sin justicia independiente, y eso requiere mucho más que promesas.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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