La Paz, Bolivia – Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño detenido desde diciembre de 2022, denunció este jueves que el Gobierno incumplió una orden judicial que autorizaba su traslado a Santa Cruz, calificando el hecho como una violación flagrante al Estado de derecho.
“Negaron arbitrariamente y sin argumento jurídico mi traslado. Esto confirma lo que venimos denunciando: soy un preso político, secuestrado por un régimen dictatorial y abusivo”, afirmó Camacho en un comunicado difundido por su equipo jurídico.
El líder opositor señaló que las autoridades responsables están actuando fuera del marco legal, amparadas —dijo— “en su poder político temporal”, lo que, a su juicio, evidencia una instrumentalización de la justicia.
“Todo acto por fuera de la ley, tarde o temprano tendrá sus consecuencias, no solo para quienes incumplen, sino también para quienes presionan para que no se cumplan”, advirtió.
La defensa legal de Camacho afirmó que continuará utilizando los mecanismos judiciales correspondientes para hacer valer sus derechos y que presentará nuevas denuncias en instancias nacionales e internacionales.
Mientras tanto, se confirmó la reprogramación para el próximo 13 de agosto de la audiencia por el caso conocido como “Decretazo”, en el que se discutirá la legalidad del decreto que permitió a Camacho ejercer funciones como gobernador desde la cárcel.
“Mi libertad física se dará por decisión de Dios y por la lucha democrática del pueblo. ¡Ya falta poco!”, concluyó el mensaje.
El caso de Luis Fernando Camacho continúa generando controversia y marcando la agenda política del país, en un contexto de creciente polarización entre el Gobierno central y sectores opositores del oriente boliviano.
Por María Andrade
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