Sucre, 30 de julio de 2025.- En una decisión que pone a prueba el respeto al debido proceso en casos de alta exposición pública, la Fiscalía General del Estado determinó no imputar formalmente a Juan Carlos Villafuerte, tiktoker cruceño de 20 años investigado por presunta comisión de delitos financieros. Al no encontrarse elementos de convicción suficientes, el Ministerio Público resolvió no formalizar cargos, aunque remitió el caso a un juez cautelar para que defina su situación jurídica conforme a la normativa penal vigente.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, señaló que “al tratarse de una etapa preliminar sin elementos sólidos para sustentar una imputación, corresponde que el juez valore la legalidad del proceso y actúe conforme a derecho”. Desde el punto de vista jurídico, este tipo de remisión sin imputación implica que lo procedente es dictar libertad pura y simple, salvo que surjan nuevos elementos en audiencia.
📲 Opiniones que inquietan al poder
El caso se originó luego de que Villafuerte publicara un video en TikTok recomendando cambiar bolivianos a dólares o invertir en criptomonedas ante la posible devaluación del boliviano. El contenido fue denunciado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que lo acusó de difundir información falsa con potencial de desestabilizar el sistema financiero.
“La difusión de información infundada y sin sustento técnico puede ocasionar consecuencias graves para la estabilidad financiera”, señaló la ASFI mediante comunicado oficial, en defensa de su denuncia penal.
⚖️ “Criminalización de la libertad de expresión”
La aprehensión del tiktoker desató una ola de críticas desde distintos sectores. Su abogado, Andrés Ritter, afirmó que el proceso vulnera derechos fundamentales:
“Mi defendido no ha cometido ningún delito. Emitió una opinión que puede ser debatida, pero nunca perseguida penalmente”.
El caso también generó rechazo desde gremios de prensa. En un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) denunciaron una preocupante tendencia estatal a criminalizar opiniones expresadas en redes sociales, exigiendo el respeto irrestricto al debido proceso.
“No se puede judicializar la opinión pública con fines ejemplificadores ni usar el sistema penal para infundir temor entre creadores de contenido o periodistas independientes”,
📢 Repercusiones políticas
El candidato a la Vicepresidencia por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, expresó en sus redes sociales su apoyo al joven tiktoker:
“Hoy, un joven inocente ha perdido su libertad. ¿Y cuál fue su delito? Compartir ideas para que otros jóvenes puedan proteger el valor de su dinero”.
La expresidenta Jeanine Añez, actualmente privada de libertad, también se pronunció desde sus redes:
“El régimen de Arce usa el aparato estatal para acallar voces incómodas. Esto es persecución política disfrazada de legalidad”.
📌 Legalidad por encima de la presión
A pesar del impacto mediático, el caso evidencia la necesidad de que el sistema penal boliviano actúe con estricto apego a la legalidad. Al no haber imputación formal, el juez cautelar está obligado a respetar el principio de presunción de inocencia y valorar la falta de indicios antes de imponer cualquier medida coercitiva.
Este episodio deja en evidencia el delicado equilibrio entre la libertad de expresión, la estabilidad financiera y el respeto a las garantías constitucionales.
Redaccion central
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