El comunicado difundido este lunes señala que, desde el 9 de julio, los Jueces de Ejecución Penal deben elaborar informes sobre casos detectados en visitas carcelarias que ameriten la aplicación de esta figura jurídica excepcional. La medida busca corregir fallos que podrían haber vulnerado garantías constitucionales, abriendo un respiro de esperanza para miles de privados de libertad.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, había advertido que la disposición inicial del TSJ —limitada a revisar los casos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari— generó protestas en distintos recintos penitenciarios, donde reclusos exigieron igualdad de trato. Se estima que al menos 4.500 personas permanecen bajo detención preventiva en condiciones similares.
El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, denunció que el instructivo del TSJ respondía a un “cálculo político”, mientras que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé pidió que la solución a la emergencia penitenciaria no sea “político partidaria”.
Con la última determinación del Consejo de la Magistratura, el debate se amplía: ¿será esta la puerta para un acceso más equitativo a la justicia o solo una medida temporal frente a la presión social?
Por Juan Flores para CalleBolivia
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