Rodrigo Paz, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), encendió el debate nacional al plantear la legalización de los vehículos indocumentados conocidos como autos chutos.
Según sus cálculos, regularizar entre 250.000 y 1,2 millones de estas unidades podría recaudar hasta 1.250 millones de bolivianos, alrededor de 181 millones de dólares, mediante bajas tasas de nacionalización de menos del 10%.
Ese monto, sostiene, serviría para paliar el déficit fiscal de Bolivia, marcado por los 2.000 millones de dólares anuales destinados al subsidio de combustibles.
La promesa cala en sectores populares que dependen de estos vehículos para trabajar y ven en la formalización una oportunidad largamente esperada. Sin embargo, las advertencias no tardaron en llegar.
La Cámara Automotriz alertó que entre el 15% y el 20% del parque automotor informal ya consume más de 14 millones de litros de combustible subvencionado cada mes. La legalización podría incrementar esa demanda en un 5% a 10%, agravando las filas en surtidores y estimulando el contrabando hacia países vecinos.
A la dimensión económica se suma la ambiental. La mayoría de los chutos son autos y camionetas de 10 a 15 años de antigüedad, altamente contaminantes y sin cumplir normas internacionales como Euro 5, lo que los convierte en emisores de hasta tres veces más CO₂ que los vehículos modernos. “Es una necesidad popular, pero perpetúa la dependencia fósil”, señaló el analista energético Álvaro Ríos.
Mientras Chile avanza con la electromovilidad y proyecta cerrar 2025 con más de 3.000 autos eléctricos y 1.200 puntos de carga, Bolivia apenas supera las 1.000 unidades, lo que evidencia la distancia entre ambas políticas públicas.
La propuesta también cruzó las fronteras y generó tensión diplomática tras los dichos xenófobos de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien calificó la iniciativa como una “tontorronería” de los bolivianos por vivir en el Altiplano. Paz respondió con firmeza pero sin estridencias, señalando que Bolivia está acostumbrada al desprecio, mientras la Cancillería exigió disculpas y Chile se desmarcó condenando el racismo de la legisladora.
El trasfondo es aún más delicado: los robos de vehículos en Chile aumentaron un 185% y gran parte de ese mercado ilícito tiene como destino Bolivia, lo que convierte la discusión en un tema de seguridad binacional. En medio de estas tensiones, expertos sugieren alternativas para evitar un colapso: establecer tasas progresivas que penalicen autos más contaminantes, programas de chatarrización con incentivos para eléctricos y acuerdos fronterizos que limiten el ingreso de autos robados.
Sin estas medidas, advierten, la legalización puede convertirse en una bomba de tiempo para el suministro de combustibles y la calidad ambiental urbana.
En un país donde el transporte ya genera el 30% de la contaminación de las ciudades, la propuesta de Paz refleja el dilema entre atender demandas sociales inmediatas y sostener una visión de futuro sostenible.
Redacción central La Paz
Portada gentileza El Diario
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